El Parlament catalán llevará a instancias internacionales la persecución contra soberanistas
El Parlament catalán ha aprobado hoy, con los votos de Junts pel Sí (JxSí), Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, trasladar a instancias internacionales una «queja formal» por la causas judiciales contra cargos soberanistas y ha rechazado «la escalada de amenazas» del Estado español contra un referéndum efectivo.
Así figura en una moción votada en el Parlament sobre la libertad de expresión de los cargos electos y la separación de poderes, que también ha contado con el apoyo del diputado no adscrito Germà Gordó, instalado en las últimas filas del hemiciclo tras haber abandonado JxSí, mientras que Ciudadanos, PSC y PPC se han opuesto.
El texto alude a las causas abiertas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot).
La moción insta al Govern a trasladar una «queja formal» por los procesamientos judiciales a raíz del proceso soberanista ante el Consejo de Europa, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el comisario de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El texto manifiesta, asimismo, «el rechazo más enérgico a la escalada de amenazas y acciones por parte del Gobierno del PP» que suponen «una clara regresión democrática y que tienen por objeto más inmediato la intimidación a representantes electos y ciudadanos para impedir la celebración de un referéndum efectivo».
En la votación han participado 115 de los 135 diputados del Parlament y han destacado las ausencias de varios diputados de Catalunya Sí Que Es Pot.
En el debate previo, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha defendido que en el Parlament los diputados dicen «lo que quieren pero cuando un político vulnera la ley, es como cualquier otro ciudadano», y ha pedido a los soberanistas que no busquen la «inmunidad» a través de «mociones vergonzosas» ni «abonen la falacia de decir que España no es un Estado democrático».
El diputado del PSC Ferran Pedret ha argumentado que no se puede decir que se «oprime» a nacionalistas o independentistas por sus ideologías cuando se debate «cada día» sobre estos asuntos.
El portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha criticado que se presente a España como un «país totalitario». «A nadie se le procesa por hablar, se le procesa por incumplir la ley», ha subrayado.
En cambio, Nuet (CSQEP), que declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado lunes, ha afirmado: «Tenemos derecho a discutir y no tenemos derecho a condenarnos judicialmente».
Por su parte, la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, ha reclamado la creación de una comisión internacional, que es «imprescindible» para denunciar el conflicto, mientras que el parlamentario de JxSí Antoni Balasch ha criticado el «mobbing a la democracia» del Gobierno del PP.