Aumenta la tensión entre el Ministerio Público y el Gobierno de Maduro
La tensión en el seno del poder judicial en Venezuela, cuya muestra más evidente es el enfrentamiento entre la fiscal general, Luisa Ortega, y el Gobierno de Nicolás Maduro, aumentó con un nuevo capítulo en el pulso que mantienen ambos poderes del Estado después de que el Ministerio Público negara la entrada a la vicefiscal general, Katherine Harrington, designada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero no reconocida por Ortega.
La fiscal Katherine Harrington, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela como «número dos» de la Fiscalía, no pudo ayer acceder a la sede del Ministerio Público, que le negó la entrada en un nuevo capítulo del pulso que libra esta institución con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El Supremo designó el martes a Harrington, un día después de que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González Arias, elegido por la fiscal general, Luisa Ortega, el 17 de abril pasado. El nombramiento de Harrington, que fue designada por la Sala Constitucional del Supremo después de que la Justicia anulase el nombramiento como vicefiscal de González, no ha sido reconocido por Ortega.
Desde las puertas de la Fiscalía, adonde llegó acompañada por varios funcionarios del Supremo y entregó una carta que le acredita como vicefiscal general, Harrington señaló que tiene una «misión» que cumplir y que no es «una invitada» a la misma, sino que es «funcionaria jubilada de la institución». Tras una media hora, se marchó del lugar sin haber tenido éxito en su intento por tomar posesión del despacho.
Luego, Ortega denunció en Twitter «la pretensión arbitraria de la Vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al Ministerio Público» y responsabilizó a la Guardia Nacional Bolivariana y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) «de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios» de la Fiscalía.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal y es considerada por la oposición como una aliada de la revolución bolivariana por haber llevado causas de varios dirigentes políticos encarcelados.
Como telón de fondo figuran los desencuentros entre Ortega y el Gobierno de Maduro, al que la fiscal general, que se ha distanciado del chavismo, acusó de adoptar medidas ilegales y contra los derechos humanos. Ortega ha criticado la propuesta de Asamblea Constituyente y ha puesto en duda la legitimidad de los magistrados del TSJ, que está analizando una solicitud de antejuicio de mérito contra ella, que podría quedar resuelta en cuestión de días. Ortega ha dado por hecho que será apartada del cargo por la denuncia interpuesta por el diputado chavista Pedro Carreño, que la acusa de cometer faltas graves en el ejercicio de su cargo.
Este nuevo capítulo en el pulso que mantienen Ortega y el Gobierno coincidió con la convocatoria de una nueva protesta antigubernamental de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hasta el TSJ en Caracas, en el marco de las mani- festaciones contra la Constituyente «fraudulenta» y bajo el lema, ayer, de «Marcha contra la dictadura». De nuevo, las fuerzas de seguridad impidieron su paso hasta la sede judicial.
La movilización de ayer se desarrolló al día siguiente de que un grupo de chavistas irrumpiera en la Asamblea Nacional y protagonizara enfrentamientos que dejaron una veintena de heridos. El presidente de la OEA, Luis Almagro, pidió ayer la convocatoria de una sesión extraordinaria «urgente» de la Comisión Permanente del organismo.