Legislar con el foco puesto en la atención a las víctimas de la violencia de género

¿Cómo enfrentar la violencia de género, un fenómeno que golpea a miles de mujeres cada día? Una pregunta de difícil respuesta, como quedó constatado en el coloquio que el jueves reunió a expertos juristas y asistentes en Miramar. Otra constatación: la víctima deber ser y sentirse escuchada durante el proceso.

Ellas, las víctimas, fueron el centro de atención del curso de verano de la UPV que ayer y el jueves abordaron las propuestas legislativas ante la violencia de género. Si en algo estuvieron de acuerdo los participantes en la primera jornada es que la víctima ha de cobrar protagonismo en el proceso. Debe dársele voz en un marco de actuación que debe ser retocable, según destacó el director del Instituto Vasco de Criminología, José Luis Cuesta. El debate se fue complicando durante la sesión vespertina, por las dudas que generaban entre los asistentes algunos de los planteamientos en relación a la justicia restaurativa.

No obstante, los juristas reunidos coincidían en la necesidad de abordar el procedimiento penal por las carencias que presenta, fundamentalmente, en lo relativo a la figura de las víctimas. Una demoledora afirmación de Victoria Cinto, vocal del Consejo General del Poder Judicial, sirve para corroborar la importancia de que las víctimas sean el principal foco de atención: «Si hablamos de violencia de género, es porque las mujeres de entre los 14 y los 40 años tienen más riesgo de ser maltratadas en casa por sus parejas que de poder sufrir un cáncer, un accidente o una enfermedad crónica», apuntó. En esta línea, la Catedrática de Derecho Penal y expresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, incidió en la necesidad de que las víctimas salgan de ese segundo plano y, en ese camino, planteó que la vía penal sea acompañada de otras medidas diferentes. «Pretender asentar el derecho penal como solución a todos los problemas relega y oscurece una visión más profunda de la realidad de los problemas», expresó Asua, añadiendo que la vía penal se ocupa de que quien haya cometido un delito pague con castigo lo que ha hecho pero que, a su juicio, «solo con eso no basta». Una de las líneas de actuación planteadas por la magistrada se refiere a la «educación del agresor para que pueda evolucionar e incluso cambiar».

Protección vs. autonomía

El intento de empatizar con las víctimas y llegar a los planteamientos que mejor puedan responder a su situación fue una constante en la jornada. «La víctima tiene algo que decir. Su expectativa es tener protagonismo en el proceso y sentir que va a ser escuchada», señaló Idoia Pérez, jurista y trabajadora del Servicio de Asistencia a la Víctima. Añadió que la necesidad de recuperar el control sobre su vida, sentirse respetada y capaz de recuperar la seguridad son otras de las constantes en las víctimas.

Advirtió como puntos cuestionables que la justicia retributiva –relacionada con la pena– se limita a contemplar el delito como violación de una norma y puede presentar un lenguaje complicado. Además, apuntó que la víctima asiste como mero testigo y que se prioriza la norma y la necesidad de condenar al infractor frente a las necesidades de la víctima.

Según explicó, paralelamente a ello la justicia restaurativa –prohibida en el Estado español– considera a la víctima un agente activo en un proceso dirigido a involucrar a todos los que tengan interés en una ofensa en particular (también al victimario). Pérez defendió la elaboración de un plan de intervención integral personalizado para cada víctima y destacó la importancia de ofrecerle una respuesta social y jurídica. Por ejemplo, citó como factores a tener en cuenta al atender a una víctima el tipo de violencia que ha sufrido, la intensidad y duración de la misma, los daños sufrido y el momento vital de la mujer.

Desde el público surgieron preguntas sobre cómo se implementaría un modelo basado en la mediación restaurativa y hasta qué punto puede considerarse reparado el delito cometido. Tanto Pérez como la doctora en Derecho del Instituto de Criminología Gemma Varona reconocieron que la cuestión presenta múltiples aristas y que debe actuarse priorizando el bienestar de la víctima. Abogaron, no obstante, por abrir el debate sobre esta cuestión.

Varona planteó la dicotomía entre la autonomía y la protección de la víctima al considerar que existe una «falta de entendimiento de la emancipación femenina» por ponerse el foco en la protección en lugar de en la autonomía. Uno de los planteamientos al respecto que también llegó desde el público es que el peso de la protección recae sobre la mujer, por ejemplo con el acompañamiento de escoltas, en lugar de pesar sobre el agresor con otro tipo de medidas de control. En este sentido, hubo quien advirtió también de que muchas veces se dirige la responsabilidad a las mujeres, poniendo como ejemplo un cartel aparecido durante varias exposiciones en el que unos niños llaman a su madre a denunciar la violencia que sufre con el lema «Hazlo por nosotros». «Otra vez se hace responsable a la mujer. No podemos olvidar que el responsable siempre es el agresor», señalaron.

Obviamente, abordar un fenómeno de tal gravedad se antoja complicado. Las experiencias compartidas en Donostia lo evidencian por lo que en las conclusiones abogaron por poner en marcha proyectos piloto que aúnen las justicia restaurativa y la justicia clásica. Y lanzaron una pregunta para la reflexión: las víctimas quieren ser reparadas, ¿pero qué significa ser reparadas?

Propuestas legislativas de la violencia de género Desde la experiencia de María Ángeles carmona

María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia sobre la mujer y secretaria judicial de profesión, habló de las preocupaciones que surgen desde su plataforma —como los adolescentes que siguen con los clichés machistas– y mencionó algunas propuestas «de las miles que se han recogido en el Pacto de Estado contra la violencia de género». Un subcomisionado de 60 expertos ha elaborado ese documento, el cual en diez días deberá ser aprobado en el congreso, «esperemos que por unanimidad».

Agravante de género

La violencia de género se considera en caso de que exista un parentesco entre el agresor y la víctima. Por ello, la existencia del agravante de género permite sentenciar al agresor por cometer el crimen por el hecho de ser mujer la víctima. «Ya se han sentenciado dos casos, uno en Asturias y otro en Canarias».

Reeducar al maltratador

Los mensajes tienden a ir direccionados a la mujer: cómo actuar delante de un maltratador, la importancia de denunciar, etc. Pero María Ángeles Carmona habló de un programa para reeducar al maltratador, que es quien comete los crímenes. «Hay que crear modelos homogéneos para evitar los hechos y para evitar reincidencias».

Acceso a recursos

«Es muy difícil poner un pie en los juzgados y denunciar», recalca Carmona. Por ello, cree que las víctimas deberían tener acceso a los recursos sin la necesidad de denunciar. «Recursos asistenciales, acceso a los profesionales, acceso a la información sobre sus derechos, etc.», opina.

Implicación social

Desde el Observatorio hablan de la falta de implicación social que hay respecto a estos hechos. Manifiestan que la mayoría de las denuncias las hace la propia víctima y que, además, los más cercanos se resguardan en su derecho a no declarar. «No existe un plan de acompañamiento homogéneo», reconoce. Subraya además que las farmacias, los vecinos, los centros educativos o incluso los padres tienen que estar implicados ante estos delitos.

Atenuante de confesión

En el 19% de los casos el agresor ha terminado confesando el crimen, según las estadísticas del 2015. Ante ello, y por lo que el reconocimiento supone en la sentencia (reducir las penas porque facilitan la instrucción), Carmona enfatiza en que hay que eliminar ese atenuante en los crímenes de violencia de género.

Protección de los menores

Indican que las hijas y los hijos de las víctimas deben considerarse víctimas de la violencia de género, porque muchas veces son testigos o, incluso, el objetivo del agresor. «Matan a un hijo para hacer el mayor daño posible a la madre, está demostrado», hace saber Carmona. «Matando a un hijo están matando todos los días a la madre», indica. De ese modo, exigen más medidas para proteger a los menores porque «más del 70% de las víctimas tienen hijos». Una de ellas es el no exigir la opinión del padre para que acuda a un especialista.

Valorar riesgos

«No hay que minimizar los riesgos», advierte. Informa que la mayoría de las primeras denuncias tienden a ser hechos que no tienen tanta consistencia, como pueden ser los robos.

«No se pueden tolerar los asesinatos con una denuncia previa», critica Carmona, añadiendo a su vez que hay que valorar con exactitud los riesgos de tentativa que puedan existir.

Dispositivos electrónicos

Echar mano de los dispositivos electrónicos de seguridad existentes puede ser una buena forma de salvar vidas, según manifiesta Carmona. «Una pulsera que alerte el quebrantamiento de una orden de alejamiento puede salvar vidas si los demás actores, como las fuerzas de seguridad, se coordinan», cuenta, especificando un hecho real.Ane URKIRI