En busca de medidas para reducir desequilibrios en la cadena alimentaria

El desequilibrio en el reparto de beneficios entre los agentes que toman parte en la cadena alimentaria (agricultores, industria y distribuidores) es cada vez mayor. Las organizaciones de agricultores exigen a Bruselas medidas concretas.

Durante una importante audiencia celebrada recientemente, el Copa y la Cogeca –entidades que agrupan a organizaciones y cooperativas agrícolas europeas, entre las que se encuentra ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)– mostraron su apoyo a las recomendaciones de la task force sobre mercados de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Esta batería de medidas propuesta a Bruselas está encaminada a reforzar la débil posición de los agricultores en la cadena alimentaria para garantizar que obtengan una proporción más justa en el reparto del precio pagado por las personas consumidoras.

Brecha en aumento

Las estadísticas proporcionadas por el grupo de trabajo a la Comisión Europea demuestran que la proporción del precio que reciben los agricultores y ganaderos ha descendido de un 31% en 1995 a un 21% en 2011; mientras, en el mismo periodo, el margen que retienen las empresas distribuidoras aumentó desde un 38% al 51%. El peso de la industria transformadora de alimentos también disminuyó del 31% al 28%, pero ello es debido a la cada vez mayor integración de la industria con la distribución.

Por ejemplo, los agricultores no obtienen más que el ocho por ciento del precio de una barra de pan. En cuanto a la leche, el brik de marca blanca se comercializa hoy en Hego Euskal Herria entre los 0,60 y 0,70 euros, mientras los ganaderos reciben de media 0,31 por litro. La brecha aumenta o disminuye según el proceso de elaboración que necesite el producto final para su comercialización. Así, en los productos frescos que se pueden comercializar directamente, tales como las hortalizas, disminuye.

Xabier Iraola, representante de ENBA, explica a GARA cuál es el principal problema que, a su juicio, sufren los agricultores y ganaderos a nivel europeo: «En Europa habrá varios millones de agricultores produciendo alimentos. Sin embargo, la distribución de estos alimentos la controlan unas veinte grandes empresas, lo que crea oligopolios, y son ellos los que fijan los precios de venta». Además de apuntar a las empresas distribuidoras, también señala la cada vez mayor concentración que se da entre la industria de transformación alimentaria y las empresas de distribución. «Un agricultor de Lapurdi no se puede fusionar con otro de Tutera. Sin embargo, muchas empresas de transformación alimentaria se fusionan con las de distribución, creando así grandes conglomerados que controlan cada vez una mayor parte de la cadena alimentaria».

Ante esta situación, Iraola argumenta que también los agricultores deberían organizarse en cooperativas o agrupaciones interprofesionales para asumir un mayor peso en la cadena alimentaria.

Normativa europea

Con el informe de medidas concretas publicado por la Comisión Europea se cumple una de las principales reclamaciones de los trabajadores del primer sector: contar con una legislación de la Unión Europea que ayude a combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Para los agricultores, es primordial disponer de un marco legal que, entre otras cuestiones, evite los grandes conglomerados de poder en el sector e incremente la transparencia del mercado alimentario. Un marco regulador que también imponga sanciones cuando los operadores incumplan la ley.

Tras un largo periodo de espera, la Comisión Europea confirmó la elaboración de una legislación para evitar las prácticas desleales tras un encuentro con la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Según indicó el comisario Phil Hogan, «está claro que una iniciativa legislativa de la UE ayudará a los agricultores», aunque admitió que esto llevará tiempo, ya que hay que respetar las exigencias del programa de mejora de la legislación, en particular la elaboración de un estudio de impacto antes de presentar los textos.

El secretario general de Copa y Cogeca, Pekka Pesonen, se refirió también a la necesidad de crear un marco legislativo comunitario tras conocer el informe de los expertos europeos: «Está claro que las medidas voluntarias no funcionan, dado que no han introducido los necesarios cambios como para regularizar el mercado en favor de los agricultores. Necesitamos una autoridad a nivel europeo con comisarios independientes que sancione las prácticas desleales en el mercado alimentario».

El Parlamento de Estrasburgo también ha pedido a Bruselas que ponga en marcha un marco europeo para luchar contra las prácticas comerciales desleales. No obstante, el consejo de expertos (task force) ha sido mucho más prudente en sus conclusiones al respecto, adoptadas a finales de 2016. En el informe que remitió a Bruselas el pasado 14 de noviembre, este grupo de trabajo consideraba que la Comisión Europea debería proponer una legislación comunitaria y, además, aclarar las reglas de la competencia para permitir a los productores organizarse sin temor a sanciones. De esta forma, los agricultores podrían negociar con mayor peso ante las grandes cadenas de distribución.

El proceso se alarga

Finalmente, habrá que esperar hasta la primavera de 2018, como pronto, para que Bruselas presente un marco dirigido a luchar mejor contra las prácticas comerciales desleales y a reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. Muchos eurodiputados y hasta siete ministros de Agricultura consideran que esa fecha queda demasiado lejos, ya que las discusiones sobre el reglamento “ómnibus” –discusión que reajustará el reglamento de la Política Agraria Comunitaria (PAC)– podrían permitir avanzar más rápido.

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, y su colega de Competencia, Margaret Vestager, tuvieron un encuentro el 20 de junio con los eurodiputados de la Comisión de Agricultura. Fue entonces cuando Hogan anunció que Bruselas no presentará antes de primavera sus propuestas legislativas. En ese caso, teniendo en cuenta que la actual legislatura del Parlamento Europeo finaliza en 2019, la entrada en vigor de la futura normativa no llegaría hasta 2022.

Además, el comisario de Agricultura tuvo mucho cuidado en no desvelar si se tratará de una propuesta legislativa. Previamente, la comisión de expertos debe realizar una evaluación de impacto, cuyos resultados se presentarán «en el primer semestre del año que viene». Después se abrirá una consulta pública de doce semanas y, posteriormente, la Comisión Europea presentará sus propuestas al Parlamento de Estrasburgo «hacia la primavera de 2018».

Destinan 13,6 millones al mercado de productos agrarios y alimentarios

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno de Lakua destinarán un total de 13,6 millones de euros a subvencionar la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, y de los productos derivados de la pesca y la acuicultura. Las personas físicas o jurídicas, cooperativas o empresas que quieran optar a estas subvenciones, tienen de plazo hasta el próximo jueves para presentar sus solicitudes.

Las subvenciones se ajustarán a un programa de inversiones, que podrá ser de carácter anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados y del momento en que se efectúen los pagos. Serán subvencionables las personas físicas o jurídicas privadas que lleven a cabo alguna de las actividades subvencionables previstas en la orden de convocatoria. Además, deberán tener la consideración de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Las ayudas a la realización de inversiones destinadas al desarrollo, transformación o comercialización de los productos agrícolas cuentan con una partida de 9 millones de euros, cofinanciados con cargo al FEADER y a los Presupuestos Generales de la CAV.

Por otro lado, las ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos forestales ascenderán a 1.914.893 euros. De ellos, 900.000 euros serán con cargo a los Presupuestos de la CAV, correspondiendo 400.000 euros a crédito de pago para el año 2017 y 500.000 euros a crédito de compromiso para 2018.

Por otra parte, la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura será dotada con 1,8 millones de euros.

Los restantes 900.000 euros se destinarán a la dotación establecida para las ayudas a la realización de inversiones en las industrias agrarias y alimentarias que no tengan encaje concreto en las actividades antes expuestas..GARA