Stop Desahucios de Araba denuncia que Lakua les ha aplicado la «Ley Mordaza»
La asociación Stop Desahucios de Araba ha denunciado que seis activistas de este colectivo han sido multados por el Gobierno de Lakua en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza», por oponerse al desalojo de una mujer y de sus dos hijos en una vivienda de Alokabide de Gasteiz.
Según la página web de este colectivo, el 15 de setiembre del año pasado Kaleratzea Stop Desahucios de Araba decidido apoyar a Anastasia, una mujer que vivía junto a sus dos hijos en una vivienda del barrio de Zabalgana de Gasteiz, después de que un juzgado, a instancias de la sociedad pública del Gobierno de Lakua Alokabide, decidiera el desahucio.
El desalojo se iba a producir, recuerda el colectivo, sin que hubiera una alternativa habitacional para la familia ya que el Ayuntamiento «solo les ofrecía el albergue municipal, que encima estaba lleno en esas fechas», aunque finalmente la corporación les alojó en un apartamento de acogida.
La concentración de Stop Desahucios frente a la vivienda, que estaba «debidamente comunicada», fue contestada "«con una violenta represión policial ante la actitud pacífica y de desobediencia pasiva de los concentrados, cien personas, entre ellas representantes públicos del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales de Araba y del Ayuntamiento de Vitoria», recuerda Stop Desahucios.
Stop Desahucios ha denunciado que casi un año después, en plenas vacaciones de agosto, el Gobierno de Lakua ha aplicado la «Ley Mordaza» a seis activistas, entre ellos a un cargo público, Koldo Martín, actual juntero alavés del Grupo Mixto tras ser expulsado de Podemos junto con otros tres procuradores.
El Gobierno de Lakua les acusa de «obstrucción a la autoridad» y les impone una multa de 602 euros a cada uno de ellos, ha denunciado el colectivo.
Stop Desahucios recuerda que el 22 de junio del año pasado el Parlamento de Gasteiz aprobó, con el voto favorable de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos una iniciativa en la que se expresaba el rechazo de la «Ley Mordaza» por «vulnerar derechos fundamentales» y en la que la Cámara se comprometía a que no se aplicara esta legislación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Esa organización considera que esta multa supone «indefensión jurídica clara» y asegura que la «criminalización de las actuaciones pacíficas» contra los desahucios «no van a impedir las acciones que hagan visibles las injusticias».