Siete detenidos siguen en dependencias de la Guardia Civil
Siete de los catorce detenidos en el operativo contra la organización del referéndum del 1-O en Catalunya siguen en dependencias de la Guardia Civil. Xavier Puig, Pau Furriol, Natalia Garriga y Mercè Martínez han sido los últimos en quedar en libertad.
La directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga; responsable del área tecnológica de la Generalitat, Xavier Puig; y los empresarios Pau Furriol y Mercè Martínez han quedado en libertad este jueves tras ser detenidos ayer por la Guardia Civil. Así, desciende a ocho el número de personas aún bajo arresto.
Primero han salido Puig y Furriol, en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la Guardia Civil. Tiene la obligación de comparecer como investigados ante el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona cuando les citen a declarar.
Xavier Puig, responsable del área de tecnologías de la información y la comunicación de la Generalitat, estaba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), después de que ayer el juez le denegara el hábeas corpus que había pedido.
Furriol, que permanecía arrestado en la caserna de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona, es el propietario de la nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) en la que los agentes se incautaron de entre seis y nueve millones de papeletas para votar el 1-O. Está acusado demalversación, desobediencia y sedición.
Posteriormente ha salido a la calle, también con cargos, la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga; y la empresaria Mercè Martínez, relacionada con el ámbito de la publicidad.
Estas cuatro personas se suman a David Palanques, David Franco e Ignasi Sánchez, por lo que restan siete en dependencias del instituto armado.
Jové
Por su parte, el secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil y pasará este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que se encarga de la investigación.
Según ha indicado su defensa, Jové se ha negado también a firmar el acta de declaración al considerar que había irregularidades y por inconcreción en los hechos delictivos que se le imputan.
Por otra parte, este mismo jueves el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha impuesto multas diarias a Jové de 12.000 euros mientras no acate las resoluciones del tribunal, la misma que se ha impuesto para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura que ejerce a modo de Junta Electoral Central de cara al 1 de octubre.