Iruñea llegará a las 102 viviendas municipales rehabilitadas para emergencia habitacional

El Ayuntamiento de Iruñea alcanzará a final de año las 102 viviendas municipales rehabilitadas para que sean ocupadas por personas o familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional en la ciudad. Está previsto que esto permita que entre 340 y 370 personas puedan ser realojadas gracias a estas dotaciones que gestiona la Oficina Municipal de Vivienda.

La inversión realizada por el Consistorio iruindarra en esta iniciativa, que se puso en marcha en el año 2015, alcanza los 1,2 millones de euros.

Hasta el momento la Oficina de Vivienda del Consistorio ya ha firmado 79 contratos de alquiler y ha recibido 303 solicitudes. De ellas, 175 llegaron a lo largo de 2016 y 128 este año.

En el marco de la Ordenanza municipal de acceso y utilización de viviendas municipales para situaciones de emergencia habitacional, el Ayuntamiento creó un registro único para las solicitudes y un baremo para su adjudicación a las personas demandantes. La Comisión de valoración tiene en cuenta aspectos legalmente fijados en la ordenanza como situaciones de necesidad, niveles económicos de los solicitantes, necesidad de las unidades familiares, estabilidad de ingresos, la salud (grado de dependencia) u otros elementos de discriminación positiva.

Según los datos de la Oficina de Vivienda, el 12% de las solicitudes se refieren a unidades familiares de más de cuatro miembros; el 42% llegan de unidades familiares de tres o cuatro miembros, el 30% están conformadas por dos miembros y el 16% son solicitudes de una sola persona. Otros datos reflejan que el 72% de las unidades familiares tiene uno o más menores a su cargo, una cifra que se ha incrementado desde el estudio anterior realizado en octubre de 2016 que era del 60%. El 44% de las solicitudes se corresponden con familias monoparentales, el 45% de las personas y familias solicitantes son usuarias de los servicios sociales municipales y también el 45% de las personas solicitantes llevan más de 4 años empadronadas en Iruñea.

Respecto a las condiciones económicas, el 94% de las personas solicitantes se considera que tiene ingresos precarios de primer nivel, ya que o no cuenta con ingresos o estos son iguales o inferiores al 100% de la RIS (anteriormente eran el 88%). Las cuotas de alquiler oscilan entre los 20 y los 80 euros, más gastos de suministros. La cuota de alquiler incluye los gastos de comunidad que son asumidos al 50% por el Ayuntamiento.

En 2015 se adecuaron 25 viviendas repartidas en paseo de Sandúa, Joaquín Beunza y paseo Santa Lucía. En el año siguiente, se realizaron actuaciones en 38 pisos de la travesía Nazario Carriquiri, paseo Santa Lucía, Joaquín Beunza, Garde, Marcelo Zelaieta, San Pedro y Dormitalería. En 2017 las actuaciones llegan 39 viviendas de la calle Garde, paseo Santa Lucía, Nazario Carriquiri, Jarauta, paseo de los Enamorados, Río Urrobi, Olite, San Pedro y Marcelo Zelaieta.

Una vivienda digna para personas y familias sin vivienda
La Oficina de Información de Vivienda está situada en la calle Mayor, 59. Se trata de un servicio municipal gratuito que ofrece información y atención al público, tanto de forma presencial como en el teléfono 948 420 095, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Entre otras labores, la oficina se encarga de gestionar el acceso y la utilización de viviendas municipales destinadas a emergencia habitacional.

Pueden solicitar las viviendas municipales destinadas a ello las personas y unidades familiares, que se encuentran en situación de emergencia habitacional, que no superen el tope de ingresos familiares según el baremo establecido y que estén empadronadas en la ciudad o con residencia efectiva demostrable de dos años de antigüedad. En la web municipal, existe un cuestionario de autobaremación en el que las personas interesadas pueden hacer una simulación con sus datos.

La Ordenanza municipal de acceso y utilización de viviendas municipales para situaciones de emergencia habitacional entró en vigor en 2016 para paliar la ausencia o pérdida de la vivienda por parte de personas y familias que no pueden hacer frente al mantenimiento de su piso o residencia habitual y necesitan con urgencia un lugar digno donde vivir, debido a situaciones de desahucio, por estar en viviendas que no son dignas ni adecuadas, por residir de forma hacinada como consecuencia de una situación socioeconómica precaria o, excepcionalmente, por hallarse en procesos de realojo urbanístico. Se trata, por tanto, de permitir que esas personas y familias en situación de emergencia social dispongan de una vivienda digna temporalmente mientras dura su situación.