La Carta de Derechos Sociales reclama un sistema de protección social «digno y de calidad»
Con motivo del Día para la Erradicación de la Pobreza, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria se ha manifestado en las calles de Gasteiz para reclamar a las instituciones una RGI que acabe con la pobreza.
Los integrantes de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria han reivindicado en Gasteiz un sistema de protección social «digno y de calidad». «Un sistema que no recorte. Un sistema que garantice prestaciones sociales y servicios de calidad que posibiliten poder llevar a cabo un proyecto de vida digno».
En este sentido, han reclamando una Ley de Garantía de Ingresos que «luche de verdad contra la pobreza». «Que nadie que sea pobre se quede sin acceder a las RGI, y que nadie siga siendo pobre tras acceder a la RGI», han destacado en un comunicado en el que se alerta de que el Ejecutivo autonómico pretende «recortar las prestaciones sociales que legisla».
Así, han recordado que el «anteproyecto de decreto por el que se regula el derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda o a la prestación económica de vivienda esconde una serie de recortes que afectarán de forma directa a 28.291 unidades convivenciales que perciben la Prestación Complementaria de Vivienda gestionada por Lanbide, y a las 7.500 que reciben las Ayudas de Emergencia Social a través de los servicios sociales municipales».
«Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda eliminan las actuales prestaciones para garantizar el acceso a una vivienda digna», han añadido, y han censurado que la reforma de la RGI «supondrá que nuevamente se recorten los derechos ligados a esta prestación social».
Según han detallado, PNV y PSE pretenden establecer una única prestación por domicilio, «considerando a todas las personas que residen en la misma vivienda como miembros de la misma unidad de convivencia. Y se desvincula su cuantía al margen de elementos de la realidad laboral como el SMI o de elementos objetivos como el IPC».
«En definitiva, las políticas neoliberales aplicadas por el Gobierno vasco conllevan una aumento de las realidades de pobreza en nuestros pueblos y barrios», han subrayado antes de advertir de que la pobreza «no es una consecuencia natural de la crisis». «Al contrario, el uso combinado del deterioro de las condiciones laborales, junto al desmantelamiento de los servicios públicos, responde a la lógica y objetivos de las políticas neoliberales que provocan la extensiones de la pobreza para aumentar las ganancias de Confebask, de empresas constructoras o de entidades bancarias como Kutxabank».
Cabe destacar que, según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno de Lakua, la pobreza grave afecta a 104.177 personas, el 4,9% de la población de la CAV. Además, 350.668 personas, el 16,5% de la población, se encuentra en riesgo de pobreza; y la pobreza de mantenimiento afecta al 7,1% de los habitantes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y el 18,4%, más de 394.000 personas, tienen problemas para llegar a fin de mes.