Amnistía Internacional reclama la «inmediata» puesta en libertad de Sànchez y Cuixart
Amnistía Internacional cree que «son excesivos» los cargos de sedición presentados contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, por lo que pide que sean excarcelados «de inmediato».
En un comunicado, la ONG asegura que la presentación de cargos contra los dos líderes soberanistas por un «delito grave como es la sedición» y su encarcelamiento «constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».
Recuerda que, según la jueza de la Audiencia Nacional española, «las protestas habrían intentado obstaculizar una operación policial y judicial basada en una orden dictada por un juzgado de Barcelona, que comportó el registro de varios edificios oficiales del gobierno, con el objetivo de impedir la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 1 de octubre, declarado ilegal el pasado 7 de septiembre por el Tribunal Constitucional, y finalmente anulado ayer».
La ONG, que «no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referéndum ni su aplicación», manifiesta que la sedición «es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel».
Señala, además, que la jueza Carmen Lamela sostiene que los acusados «no se limitaron a convocar una reunión pacífica, sino que actuaron con arreglo a una compleja estrategia y una hoja de ruta para conseguir la independencia de Catalunya».
Amnistía Internacional considera que «en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica abarca la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas».
En este sentido John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional, ha pedido a las autoridades que protejan el derecho de los particulares «a expresar su oposición al fallo del Tribunal Constitucional y a organizar reuniones públicas pacíficas en favor del referéndum».
Reconoce que el derecho internacional de los derechos humanos también permite a los Estados «imponer algunas restricciones al ejercicio de ese derecho con determinados fines legítimos», pero destaca que «deben de ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado».
A juicio de la ONG, este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
Sobre los mensajes publicados en las redes sociales y algunas de las declaraciones de Sánchez y Cuixart, Amnistía Internacional cree que ambos «animaron a los manifestantes a concentrarse delante de los edificios oficiales para impedir una operación policial legal, pero no parece que los animaran a utilizar la violencia».
Considera, por tanto, que tanto «los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no deberían ser atribuidos directa ni indirectamente a ellos en tanto que organizadores de las protestas».