La Audiencia de Nafarroa confirma el archivo de la causa sobre los cursos de UAGN
La Sección Primera de la Audiencia de Nafarroa ha confirmado el archivo, por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Iruñea, de las diligencias por las supuestas irregularidades cometidas por responsables de la UAGN en la realización de cursos subvencionados por el Gobierno navarro.
El auto del juzgado de instrucción fue recurrido en apelación por el Gobierno de Nafarroa.
Las diligencias se abrieron a consecuencia de la denuncia en la que se ponía de manifiesto que UAGN, Fundagro y AMUR habrían cometido presuntamente irregularidades consistentes en la falsificación de firmas de supuestos asistentes a los cursos e incluso la justificación de algunos que realmente no habrían tenido lugar.
La Guardia Civil, se recuerda en la sentencia, examinó y estudió la documentación del Gobierno de Nafarroa y los proyectos denunciados por las dos empleadas denunciantes y no apreció la existencia de un delito de estafa recogido en el Código Penal.
La sala de la Audiencia de Nafarroa asume «plenamente» los argumentos del juzgado y comparte el criterio de que en este caso no se dan los requisitos para la existencia de un delito de estafa.
En uno de los expedientes, agrega, como ya recogió el juzgado, se ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades en la asistencia, dado que no existía un control riguroso de la participación, ni sobre el número de asistentes, ni sobre la identidad de los mismos, al llevarse a cabo un control manual.
Sin embargo, se indica en la sentencia, esta circunstancia no determina la existencia de un falseamiento de los datos de asistencia, que sería una condición necesaria para considerar una responsabilidad penal.
Por ello, se desestima el recurso del Gobierno de Nafarroa, ya que la «genérica referencia» a lo declarado por los testigos-denunciantes que se hace en el recurso de apelación es «insuficiente» frente al análisis realizado por el juzgado y el Ministerio Fiscal, lo que impide «apreciar la existencia de indicios racionales de criminalidad».