Laparra considera «ejemplar» la actuación realizada con los exchabolistas del Tenis

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha afirmado que la actuación llevada a cabo por su departamento y por la Policía Foral en relación a los exchabolistas del asentamiento situado junto al Club de Tenis de Iruñea ha sido «correcta», incluso «ejemplar».

«La actuación de los Servicios Sociales y Policía Foral ha sido correcta, diría que ha sido ejemplar», ha indicado durante su comparecencia en comisión parlamentaria, a la que acudía a petición de PPN para explicar las acciones de su departamento en relación con esta cuestión.

Laparra, que ha garantizado que las actuaciones se han realizado «siempre de acuerdo con Policía Foral», ha recordado que el pasado 1 de julio de 2016 se procedió al realojo de una familia de tres miembros adultos en una vivienda del fondo navarro, a la que posteriormente se incorporó una persona menor.

Sin embargo, Policía Foral, que había realizado una indagación sobre este tema, concluyó el 13 de octubre de 2017 que, de 24 individuos investigados, sólo tres adultos habían estado residiendo efectivamente en el asentamiento.

«El resto podía haber pasado por ahí, pero no estaban viviendo», ha explicado Laparra, que ha añadido que de estas 24 personas sobre las que había información policial, diez eran perceptores de renta garantizada.

Tras apuntar que la información policial reflejaba «indicios de que pudieran no cumplirse los requisitos de acceso» a esta ayuda, ha precisado que se procedió a suspender automáticamente estas diez prestaciones.

Por este motivo, ha asegurado que «los mecanismos de control han funcionado» y que «la inmensa mayoría» de los solicitantes de renta garantizada «efectivamente la necesita», aunque uno de cada cinco expedientes «no se valoran positivamente». «Ya en la entrada hay un proceso de vigilancia y selección muy estricto que hace que no por solicitarla, uno tiene derecho a ella», ha asegurado.

En este sentido, ha garantizado que hay una «revisión permanente y un control continuo» y que «son muy pocos los casos en los que se detecta algún tipo de incumplimiento».

«Los incumplimientos y fraudes son absolutamente residuales», ha zanjado Laparra, que ha aseverado que, como novedad, se ha introducido un control de las respuestas de los usuarios a las ofertas de empleo.

De esta forma, ha precisado que de las 1.173 personas sobre las que ha habido algún tipo de revisión, solo en 341 casos, el 1,6 % del total, ha llegado a haber una extinción por falta de colaboración, ocultar datos, dar información errónea, no participar en una oferta de empleo, o por rechazo del empleo.

Por el PP, Ana Beltrán, ha criticado la «falta de control» del departamento y ha considerado que calificar la actuación realizada como «ejemplar» dice «muy poco» del consejero. «Ejemplar ha sido la labor de la Policía, no la suya», ha reivindicado Beltrán, que ha denunciado que el Gobierno navarro estuviera subvencionando a personas que estaban dedicándose a «robar a los navarros y a ejercer la prostitución de menores».

«Que el Gobierno haya premiado con la renta garantizada y con pisos subvencionados a personas que se dedicaban a robar y a otras actuaciones delictivas es muy grave», ha lamentado Beltrán, que ha advertido que el Ejecutivo no llega a ser consciente «del alcance de este fraude».

Por UPN, Mónica Doménech ha lamentado «que no se haya hecho un mayor seguimiento y que haya terminado así». «Dice que son diez casos, pero lo son -ha advertido-, y eso crea un cierto desconcierto».

En nombre de Geroa Bai, la parlamentaria Isabel Aramburu ha considerado que el departamento ha actuado «de manera correctísima», y por parte de Podemos-Ahal Dugu Mikel Buil se ha alegrado de que «los mecanismos de control funcionen».

Por el PSN, Nuria Medina, que ha subrayado que es un caso «aislado» y que «es importante no generalizar», ha apostado por «que no vuelva a ocurrir» y que «cuando se detecte un mal uso se pueda intervenir lo antes posible».

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha trasladado que la actuación «ha sido la correcta, ajustada a derecho y la que correspondía». «En función de esas investigaciones, venían las decisiones que correspondían por parte del Departamento en lo que a él le competía», ha dicho.

En su turno de réplica, Laparra ha respondido que «difícilmente podía haber prostitución de menores» porque en el asentamiento «no había ninguna persona menor», ya que ésta se incorporó a la unidad familiar «después del realojamiento».