La juez Lamela apoya que se acumulen en una sola todas las causas de «rebelión»
La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela ha indicado al Tribunal Supremo que es favorable a la acumulación de todas las causas abiertas por «rebelión» respecto al proceso independentista en Catalunya.
Lamela entiende que se está investigando a los miembros de «una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario».
Añade que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia «perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles», por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, «sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido».
Este es el sentido del informe que la juez remitió ayer al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación a la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso independentista de Catalunya.
La juez entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.
«Marco legislativo inconstitucional»
Lamela describe «los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado».
«Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del ‘proceso de desconexión’, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas», prosigue.
ANC y Omnium, según Lamela, «actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern». Además «resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban».
Fondos públicos
Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos.
Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. «La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común».
La postura de Lamela es contraria a la de la Fiscalía, que considera que la investigación al Govern, a los Mossos y a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, debe permanecer en la Audiencia Nacional.