El abogado de la víctima señala que los acusados «se impusieron por superioridad para provocar miedo»

El abogado de la víctima de la violación grupal de los sanfermines de 2016, Miguel Angel Morán, ha afirmado en la presentación de su informe de conclusiones que los acusados «se impusieron por superioridad física y numérica para provocar intimidación y miedo» en la joven denunciante. El abogado del Ayuntamiento de Iruñea también ha incidido en que no se trataba de una relación consentida y en que quitar la tarjeta SIM al móvil de la víctima evitaba su geolocalización. Y el letrado del Gobierno de Nafarroa da «mínima credibilidad» al relato de los acusados.

Durante la defensa de su informe en la vista oral del juicio, Miguel Angel Morán ha ratificado su petición de 24 años y nueve meses de prisión para cada uno de los cinco acusados.

El abogado ha afirmado que «la declaración de la víctima es clara precisa y consistente» y ha asegurado que «los hechos objetivos avalan su testimonio». «Los vídeos y los testigos dan total credibilidad a la versión de la chica», ha destacado.

Además, ha resaltado que el testimonio de la joven denunciante «se hizo con total desconocimiento de las pruebas, no hay en la denuncia circunstancias por resentimiento o venganza como intentaron alegar los acusados». «Ellos han intentado probar una versión que es increíble y las contradicciones que tienen corroboran que es falsa», ha indicado.

Por su parte, el abogado de la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Iruñea, Víctor Sarasa, ha señalado que duda de que la relación fuese consentida porque la víctima no tomaba medidas anticonceptivas y ellos dicen que no utilizaban condón, y el uso de anticonceptivos es una cuestión que deciden las dos partes en una relación.

También ha destacado el hecho de que le quitaran la tarjeta SIM al teléfono de la víctima, ya que de esa manera se evitaba su geolocalización y ha puesto de relieve que los acusados tomaran una fotografía especialmente denigrante de la víctima hacia las 3:26 horas, poco antes de salir del portal donde tuvieron lugar los hechos. Sobre este último, Sarasa lo ha definido como «una ratonera» y dice que la postura de la víctima que se ve en los vídeos es consecuencia de que «a mayor resistencia, más violencia».

Finalmente, el abogado de la acusación popular del Gobierno de Nafarroa, Idelfonso Sebastián, ha destacado en su informe de conclusiones que el relato de los cinco acusados tiene «mínima credibilidad».

Asimismo ha explicado que las distintas declaraciones de la denunciante a lo largo del tiempo tiene una «conexión lógica» y que es «imposible pedir una declaración lineal y hasta el más mínimo de los detalles» de los hechos juzgados.

Igualmente, y tras adherirse a las exposiciones del resto de acusaciones que le han precedido, Sebastián ha asegurado que los hechos juzgados «pueden calificarse de agresión sexual, delito contra la intimidad y robo con fuerza». Sebastián también ha destacado que esto ha quedado probado por los testigos y las pruebas presentadas.

Por otra parte, Sebastián también ha declarado como asesor jurídico de la acción civil de Osasunbidea. Como tal ha reclamado a los cinco acusados que si salen declarados culpables se hagan cargo del coste de la «asistencia sanitaria realizada la mañana del 7 de julio en la denunciante por los hechos enjuiciados». Por ello reclama un total de 1.531,37 euros.