Un abogado de la defensa cuestiona las pruebas periciales «por estar viciadas»
Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los acusados por la violación grupal de los sanfermines de 2016,ha considerado «viciadas» las pruebas periciales presentadas en el juicio porque «todas parten de la base de que había una agresión sexual». Además, ha puesto el acento en la poca claridad de la joven a la hora de dar su negativa.
En sus conclusiones finales, Martínez Becerra ha denunciado el juicio paralelo que se ha abierto en torno al caso, además de censurar la actitud del juez instructor. Ha añadido que se veía en la necesidad de decir que toda las pruebas periciales «están viciadas porque todas parten de la base de que hay una agresión sexual».
En relación al testimonio de la víctima, el letrado ha intentado generar dudas apelando al ‘indubio proreo’ y ha enumado lo que considera inconsistencias en el relato de la joven como la falta de acierto a la hora de definir el trayecto por las calles, y la poca claridad de la victima a la hora de dar su negativa.
Incluso ha llegado a decir que puede que la denuncia se deba a que «la relación sexual no fue lo suficientemente satisfactoria». Sin embargo, curiosamente ha tenido un lapsus continuado cuando ha denominado a los letrados de la acusación como abogados defensores.
Visto para sentencia
El juicio quedará hoy visto para sentencia. La última sesión está dedicada a las conclusiones de las defensas de los procesados y a la última palabra de estos, si quieren hacer uso de ella.
Esta sesión y la de ayer son las dos únicas que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha permitido abrir al público y a los medios de comunicación.
Ayer fue el turno de las acusaciones, y en el suyo la Fiscalía dio por «acreditado» que los imputados actuaron de forma «conjunta y coordinada», sin el consentimiento de la víctima, que se vio «sometida» y «sin posibilidad» de resistirse.
De igual forma ha considerado probado que también concurrió un delito contra la intimidad por los vídeos que grabaron los acusados, y que todos ellos son culpables del robo del móvil de la joven, acto con el que la dejaron «indefensa».
Mantuvo así su petición de 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los procesados, que la acusación particular elevó hasta 24 años y 9 meses y las populares, ejercidas por el Gobierno de Nafarroa y el Ayuntamiento de Iruñea, hasta casi 26 años.
Hoy está previsto que comience la sesión con el abogado Agustín Martínez Becerra, que defiende a tres de los cinco imputados, para continuar con Jesús Pérez, letrado de un guardia civil, y termine con Manuel Canales, que tiene como cliente a un militar.