Varios acusados del ‘caso De Miguel’ vuelven a solicitar la nulidad del juicio
La defensa de dos empresarios catalanes acusados en el 'caso de Miguel' ha solicitado al tribunal que juzga esta causa que aplique el mismo criterio establecido por la Audiencia Provincial de Madrid en el ‘caso Guateque’ y anule todo el procedimiento, al considerar que está «invalidado» porque la grabación de audio que propició el inicio de la investigación sobre esta presunta trama de corrupción fue obtenida sin autorización judicial.
Los acusados en el juicio del ‘caso De Miguel’ mantienen la estrategia de pedir la nulidad del juicio. Esta vez han sido los abogados de los empresarios catalanes Francesc Fernández y Plácid Casas, que se encuentran entre los 26 encausados, quienes lo han solicitado, argumentando que la grabación de audio que propició el inicio de la investigación sobre esta presunta trama de corrupción fue obtenida sin autorización judicial y pidiendo que se aplique el mismo criterio establecido por la Audiencia de Madrid en el ‘caso Guateque’.
El pasado mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a los 30 procesados en el ‘caso Guateque’, considerado como la mayor trama de corrupción en el Consistorio madrileño, al dar por nulas todas las pruebas practicadas durante la instrucción ya que la grabación que dio origen a la investigación se hizo sin autorización del juez.
El letrado de los dos empresarios catalanes ha defendido que esa «impecable» e «ilustrativa» sentencia de la Audiencia madrileña ha resuelto una cuestión «idéntica» a la que se suscita en este caso y ha afirmado que la resolución establece la necesidad de entrega de las cintas «íntegras» y en su soporte original.
Por ello ha deseado que la Sala actúe como ha hecho ese tribunal y repare los «derechos violados» a los acusados, declare nula la instrucción y por tanto se suspenda el juicio.
A esa misma sentencia –que ha sido recurrida por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo– se ha referido también el último de los abogados de la defensa que ha intervenido esta mañana durante las alegaciones previas que se iniciaron el lunes.
En esta vista, que se celebra en la Audiencia Provincial de Araba, los citados empresarios catalanes se enfrentan a posibles penas de prisión de siete años y seis meses de cárcel por presuntos delitos relacionados con una operación urbanística en Zanbrana.
Este fallido proyecto urbanístico, con el que se pretendía poner en marcha un polígono industrial mediante una recalificación de terrenos supuestamente irregular, es una de las ramificaciones del presunto entramado de corrupción que, según el criterio de la Fiscalía, lideraba el ex numero dos del PNV de Araba y principal imputado de la causa, Alfredo de Miguel.