El inicio del fin de la dispersión, el inicio del inicio de la vuelta a casa

2018 se perfilaba como año clave para empezar a resolver la cuestión carcelaria, y dos semanas han bastado para confirmarlo. En un doble plano (Ipar Euskal Herria/Francia y Hego Euskal Herria/España) y un doble horizonte (acercamientos y excarcelaciones).

Seis años y tres meses (desde Aiete) de tenacidad y experimentación al estilo científico ensayo-error han sido necesarios para empezar a vislumbrar salidas a una cuestión en esencia humanitaria: los todavía 300 presos políticos vascos y sus familiares. Tras una primera búsqueda de bilateralidad infructuosa (los estados no querían) y una segunda fase de unilateralidad frustrante (los presos solos no podían), la multilateralidad ha dado la clave. El anuncio de acercamientos del Gobierno francés –quizás sobredimensionado informativamente en el primer bote del sábado– y los movimientos perceptibles en la escena política de Hego Euskal Herria –infravalorados por contra– esbozan lo que puede pasar en el 2018 que empieza. Doce meses que deberían suponer el fin del sufrimiento gratuito infligido a los familiares, machacados por tres décadas ya de dispersión, y el comienzo de una Euskal Herria sin presos políticos tras más de 80 años en que la cárcel es ininterrumpidamente mucho más que un elemento en el paisaje.

El reto más inmediato y factible es obviamente traer a los presos a Euskal Herria. El paso del Estado francés muestra que la crueldad no cotiza. En términos humanitarios, la situación es ya inocultable e insoportable: la ruleta rusa amenaza cada fin de semana las vidas de cientos de familiares y amigos de los encarcelados, pero ataca también la propia credibilidad de dos estados que no tienen nada que ganar y sí bastante que perder en cada una de esas curvas. La acción del Estado español en Catalunya ha mostrado que la imposición de la fuerza genera cierta fascinación ciudadana, pero el mero ejercicio de la crueldad no produce adhesión alguna. El eco del documental de ETB sobre los «niños de la mochila» lo delata. Cuando se ha logrado superar prejuicios anteriores que negaban visibilidad a esta realidad infame, o a la de los padres y madres que debido su edad no pueden viajar a la cárcel a ver sus hijos, la sensibilización ha crecido imparablemente.

En términos políticos, ese alejamiento dejó de tener cualquier sentido –básicamente el de presionar a ETA– en 2011 con el fin de la lucha armada y no digamos ya en 2017 con su desarme total. Así que a día de hoy los familiares siguen siendo tomados como rehenes para nada. El Estado francés parece haberse convencido de ello, para lo que la labor de la interlocución vasca ha sido determinante. Al español le sigue corriendo el reloj, pero hoy ya el único argumento al que puede recurrir el PP para sostener la dispersión es la exigencia de disolución de ETA, y eso también toca a su fin.

Falta saber cómo se materializará el fin de esta lacra, y aquí todas las cautelas son pocas. En el caso del Estado francés, basta apuntar que a día de hoy no hay un solo prisionero vasco en la cárcel más cercana a Euskal Herria, Mont de Marsan (el único hasta la fecha, José Javier Osés, acaba de ser trasladado a Soto del Real). Hasta la fecha no hay módulo de mujeres en esa cárcel, aunque las autoridades francesas estarían dispuestas a abrirlo. Y tampoco cabe olvidar que la mitad de los presos políticos vascos en el Estado francés, es decir una treintena, están pendientes de extradiciones y euroórdenes, con lo que si París no cambia también esta parte de su inercia, terminarán siendo enviados a cárceles españolas y por ahora alejados a la otra punta de la Península.

Por lo que atañe al Estado español, el problema está perfectamente acotado, se llama PP y es gordo en la medida en que gobierna desde Moncloa con un criterio muy inmovilista a todos los niveles. Si bien hasta ahora el discurso oficial ha sido que la dispersión acabará cuando se disuelva ETA, afloran ya discursos rocambolescos que intentan prorrogarla después del escenario de desmovilización previsible en pocos meses. El delegado español en Gasteiz, Javier de Andrés, ha dicho esta semana que «la auténtica disolución de ETA sería que cada preso se desvincule de la banda. No sería suficiente con que un portavoz, que igual está en Bélgica u Holanda, diga que ETA se ha disuelto». Combatir estos argumentos es cabalgar sobre el absurdo, ¿cómo se podría desvincular alguien de una organización disuelta? Hay tantas trampas dialécticas en el discurso del PP que no cabe llevarse a engaño sobre su reticencia a acercamientos. Sigamos con De Andrés: «No es excepcional dispersar, tampoco los miembros de un clan de narcotraficantes están juntos o los miembros de una trata de blancas». Y sí, «El Chicle»&flexSpace;por ejemplo ha sido alejado de su «clan», pero de Teixeiro a A Lama, no a Algeciras o Puerto; esto solo se hace con los presos y presas vascas.

Si la unidad de acción de Ipar Euskal Herria ha conseguido abrir los ojos a París, ¿lograría una entente similar en el sur mover a Madrid? De momento, y esta es la segunda noticia esperanzadora del inicio de año, el acercamiento de posiciones entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, sumado a la sintonía intersindical, muestra que esa interlocución única también es posible para el sur. Con todo, resulta más realista políticamente augurar que el PP en todo caso le daría ese tanto a su socio del PNV. Y aquí conviene reparar en las novedosas declaraciones de su líder en la CAV, Alfonso Alonso, abriendo la puerta esta semana con más claridad que nunca a la transferencia penitenciaria en un escenario de desmovilización de ETA.

El exministro no hablaba de acercamientos, pero esa transferencia solo tiene sentido práctico si va unido a ellos. De hecho, como reflejó Julen Arzuaga (EH Bildu) en la mesa redonda del jueves en Bilbo, resolver esta cuestión pasa por un «pack» triple: acercamiento, transferencia penitenciaria y gestión de la Vigilancia Penitenciaria desde los juzgados vascos y no desde la Audiencia Nacional como ocurre ahora. El presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha dicho ver factible ese tercer requisito.

La citada mesa redonda del Foro Social confirmó también que no solo el acercamiento, sino también las excarcelaciones, empiezan a entrar en la agenda. Hará falta más tiempo para ver cómo y cuánto madura esta cuestión, pero hay algunos datos importantes sobre la mesa, desde los dos extremos. Por un lado, la decisión de EPPK de afrontar la vía legal se está traduciendo ya en iniciativas muy claras, desde las peticiones de destino (trabajo) en prisión a las demandas de cambios de grado y la reiteración de la disposición a reconocer el daño causado, que se viene anticipando hace cinco años pero ahora sí parece tener eco. Por otro lado, la posición de esas víctimas, cada una con su casuística, también se va aclarando, y en ella pierde fuerza el revanchismo (la apelación desesperada de la AVT a Macron ha tenido mínimo eco) frente a la demanda básica de reconocimiento del daño (Javier Ordóñez, hijo de Gregorio Ordóñez, ayer en Vocento: «Si tuviera algo que decir, sería ‘¿por qué?’»).

Sare: «Es hora de centrar también nuestra actividad en el Estado español»

Sare valoró ayer la multitudinaria manifestación del sábado por los derechos de los presos, resaltando que basta «ser testigos» de lo vivido en las calles de Bilbo para constatar la dimensión y pluralidad de una movilización que «ensancha el espacio de esta reivindicación». Con el impulso de esa «afluencia masiva», la red ciudadana señaló que seguirá «trabajando para retirar todos los obstáculos» que impiden avanzar en la resolución y avanzó que «es hora de centrar también» su actividad en el Estado español». A este respecto indicó que lleva un tiempo trabajando de manera discreta con personas y asociaciones del Estado «para articular una dinámica de actuaciones» que permitan «explicar, compartir y denunciar lo que está ocurriendo, seis años después de la decisión de ETA, y casi un año después de su desarme».

Por su parte, sobre el acercamiento anunciado por el Gobierno de Macron, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, manifestó que el Gobierno español debe actuar «con inteligencia y sentido de Estado» y que el PSE «siempre» ha defendido que otra política penitenciaria es posible».

Pat Sheehan, de Sinn Féin, saludó, asimismo, el anuncio por ser un paso «que terminaría con el castigo adicional» e instó al Ejecutivo español a «seguir el mismo camino».GARA