El Gobierno navarro recurrirá la no admisión de su recurso contra la sentencia sobre una OPE
El Tribunal Supremo español ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Gobierno de Nafarroa contra la sentencia que anulaba la oferta parcial de empleo público al no estar previstas las plazas en euskara en la plantilla orgánica correspondiente, una decisión que será recurrida por el Ejecutivo.
Contra este auto de inadmisión cabe una incidencia de nulidad de actuaciones y un recurso de amparo posterior al Tribunal Constitucional español, según ha explicado la consejera de Presidencia, Función Pública, Justicia e Interior, María José Beaumont, quien ha señalado que el Gobierno entiende que debe articular los organismos procesales que tiene para defender su actuación.
La consejera ha indicado que en una primera lectura «discrepan» con esa resolución por una razón «muy fundamental y es que ha resuelto con normativa posterior a la fecha a la que se aprobó la OPE, cuando debe resolverse siempre conforme a las normas vigentes en el momento y aquí se ha hecho en base al decreto foral del euskera que el Gobierno aprobó en noviembre de 2017, es decir, posteriormente».
A eso ha añadido que además se hace una «lectura parcial» del citado decreto foral.
La consejera ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad a las personas que participaron en ese proceso de oposición, ya que, a su entender, al haber transcurrido ya el primer año desde que fueron nombrados funcionarios de carrera han adquirido ya ese derecho y por lo tanto no pueden ser excluidos.
El auto ha sido valorado por el sindicato AFAPNA, que ha destacado que el tribunal le da razón y condena a costas al Gobierno de Nafarroa.
En un comunicado, expone sus dudas en torno a la situación de las 117 personas a las que, según dice, «se está poniendo en riesgo sus plazas» y en torno a la futura convocatoria de oposiciones en Secundaria.
El sindicato responsabiliza al Gobierno de Nafarroa de esta situación al convocar «plazas sin orden, ni concierto, arriesgando el futuro y las expectativas profesionales de muchos de los aspirantes».
En esa línea exige «más control sobre el dinero público"»y que sea gastado en «evitar recortes en la enseñanza y no en condenas de costas fruto de caprichos del mismo».