El Tribunal de Apelación de París fija para el 30 de mayo la vista por las euroórdenes contra Sorzabal
En esa sesión se analizará la información remitida por la Audiencia Nacional española a la Justicia francesa, que solicitó los dossiers después de que la presa vasca rechazara la entrega alegando haber sido torturada en 2001.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha indicado que las respuestas remitidas por la Audiencia Nacional se refieren a cada una de las tres euroórdenes contra Sorzabal. Los magistrados han fijado una vista para el 30 de mayo, en la cual la defensa podrá replicar a los argumentos transmitidos por la Justicia española.
El Tribunal de Apelación de París pidió el pasado 17 de enero al Estado español que complementara sus informes sobre las alegaciones de Sorzabal de haber sido torturada y sobre los argumentos en que se sustentan las tres euroórdenes, referidas a tres atentados que tuvieron lugar en 1995 y 1996.
En concreto, quería precisiones sobre qué tramitación se dio a las denuncias de haber sido objeto de torturas por parte de la Guardia Civil tras su detención en 2001. En paralelo, instaba a la justicia española a que hiciera observaciones a los peritajes médicos llevado a cabo en el Estado francés, que tienden a confirmar los malos tratos.
También pretendía clarificar si las imputaciones e basan únicamente en la confesión que hizo durante su detención –Sorzabal, que cumple actualmente condena en Reau Sud Francilien, afirma que se autoinculpó bajo tortura– o si hay otros elementos acusatorios.
«Complicidades y también de colaboraciones»
Sortu ha recordado que «en 2001, cuando Sorzabal fue detenida por la Guardia Civil, fue brutalmente torturada, como evidenciaron sus testimonios y las imágenes gráficas aportadas, lo que fue certificado por el Protocolo de Estambul».
Ha remarcado que «el mantenimiento de la tortura en el tiempo ha necesitado de una serie de complicidades y también de colaboraciones», y ha instado a las diferentes administraciones que «articulen medidas legales para que los casos de tortura no se vuelvan a producir».
«Todas las actuaciones judiciales que estén contaminadas por la tortura deberán revisarse e invalidarse», remarca Sortu, ya que el Estado español ha utilizado esta práctica «como arma de guerra contra el independentismo. Se quiere negar la tortura para ocultar la existencia de un conflicto político y evitar que la izquierda abertzale tenga su propio relato. Exigimos el derecho de contar lo que nos han hecho».