Xantiana Cachenaut: «El debate del contexto político hoy está en todas las esferas judiciales»

El desarme ha dejado huella en distintas capas de la sociedad. También ha afectado a la labor de esta abogada con la que glosamos los avances «significativos» pero también las «preocupantes» inercias que pesan sobre la política penitenciaria.

El año transcurrido desde el 8 de abril de 2017 es una de las varas de medir, pero no la única, para esta abogada que constata que el nuevo tiempo abierto por el final de la lucha armada de ETA ha ido destilando cambios en la esfera judicial gala. Hasta el punto de que «si antes se podía plantear un debate de corte técnico-jurídico, desde 2011 y más tras el desarme, a cada acción en tribunales asistimos a un debate político en el que aflora la nueva realidad». De todo ello hablará en el foro organizado, mañana y el sábado, por Bake Bidea y los artesanos de la paz.

Le propongo un recorrido calendario en mano. Tras el 8 de abril, el verano de 2017 deparó un primer paso con la libertad condicional de Mikel Irastorza.

El juez de libertades tuvo en cuenta ese acto de desarme y en la decisión que dio a conocer significativamente el 26 de abril recogió ese argumento. Sin embargo, el proceso fue complejo, porque el procurador anti terrorista presentó un recurso de urgencia para la suspensión de la medida. Pasamos ante el presidente de la Corte de Apelación y nos topamos con un juez y un fiscal anclados a argumentos del pasado. Al final, en una nueva audiencia, en la que el procurador de nuevo se opuso, el juez ratificó su decisión inicial y se pudo materializar la excarcelación con medidas cautelares.

Ese paso que se vivió como un gesto en lo político llegó tras ese periplo judicial complejo. Ese contraste se ha repetido en otros casos. ¿Cuál es el tono general en la Judicatura gala?

No hay una sola línea de actuación. Hemos visto cambios de discurso, también en el caso de los procuradores y abogados generales, aunque no se hayan reflejado siempre en sentencia. Particularmente preocupante es que en el caso de la instancia sobre libertad condicional, además de los argumentos de siempre relativos a orden público y demás, se escuchen afirmaciones del tipo de: si un preso expresa su compromiso con el fin de la lucha armada y respalda el desarme sigue una consigna de apoyo a una organización, ETA que, por cierto, ha dejado su actividad y hasta las armas. Sea por inercia o por una búsqueda de la capitulación del preso, es una actitud negativa que nos preocupa de cara al futuro.

A diferencia del Estado español, la Fiscalía ejerce en nombre de la sociedad y sus órganos no son elegidos desde el ejecutivo. ¿A qué responde esa actitud y cómo cambiarla ?

Siendo eso cierto, al fiscal le corresponde, no seguir las directrices, pero sí respetar ciertos criterios generales en la aplicación de la doctrina penal. Luego de existir esas directrices, que emanan del Ministerio de Justicia, se debería asistir a una evolución más clara, que todavía no se da, aunque, insisto, vemos actitudes más abiertas. Pero por completar la imagen, también algunos jueces apuntalan las afirmaciones de los fiscales, hasta el punto de actar en sus decisiones advertencias fuera de toda realidad sobre el riesgo de un rebrote de la actividad de ETA.

¿Cuánto hay de factor propio y cuánto de daño colateral por el endurecimiento de la ley y la deriva securitaria, tras los atentados yihasdistas de 2016 ?

Hay tendencias diversas en la Judicatura, y grados de sensibilidad diferentes hacia esa deriva que menciona y que otros abogados, de todo tipo de causas, también constatan.

Hoy el acceso a la libertad condicional es más difícil para sus defendidos y se incluye a expresos vascos en un fichero ideado para yihadistas.

Las instancias de excepcionalidad actúan para justificar su propia existencia. No es extraño, además, que en nombre de esa independencia de la que hablamos de la Fiscalía respecto al Ejecutivo nos digan que en el ámbito político harán lo que deban hacer pero que ello no afecta a la labor de los tribunales. El fichaje de expresos vascos o corsos se da efectivamente utilizando el fichero Fijait, que hoy se usa para fines que no están en su origen. En setiembre vamos a tener la primera vista y vamos a poder dar la batalla judicial en esta materia.

Volviendo al calendario. El otoño trajo la retirada del estatus especial DPS a siete presos.

En el pasado ha habido decisiones puntuales en ese sentido, pero en este caso se da el paso con siete presos, y eso lanza un mensaje político, que además no es aislado, porque ese paso es el preludio de los acercamientos que han llegado a principios de este año. No es tanto el cambio en el día a día para el preso como que al quitarle el DPS se le facilitan otros avances, algunos ya en marcha.

¿Esperaban quizás que se generalizara la medida?

Claro, porque no tiene sentido mantener un régimen ligado al riesgo de fuga. Debería haberse retirado el estatus DPS a todos los presos vascos, pero seguramente aún hay resistencias. En este caso hablamos de una medida que es discreción de la administración penitenciaria.

El invierno estuvo marcado por unos juicios en París con declaraciones significativas por parte de presos de ETA con respecto al sufrimiento de las víctimas. ¿Cuál ha sido su eco en la Judicatura ?

Creo que se vio el efecto de esas palabras no tanto en esas causas, sino más bien en juicios posteriores, si se quiere de forma suave, pero incluso con traslado a debates o argumentaciones judiciales. Para los jueces estas declaraciones son importantes, y de la misma forma que actaron y trasladaron a su discurso el desarme, hacen lo propio con cada nuevo paso. Son actitudes que ayudan a ir cambiando de parámetros.

Por esa misma lógica, ¿espera que la evolución se acelere con las decisiones que adopte ETA tras su debate interno?

Todos los elementos que hemos ido comentando van en esa linea de marcar una evolución que, sabemos, no permite aún evocar un cambio general, pero sí confirma que desde el fin de la lucha armada y luego con el desarme se extiende esa necesidad de adaptación a la realidad, al menos en los sectores más sensibles de la magistratura.

¿Llega hasta esas esferas la urgencia social vasca por el cambio de política penitenciaria?

En ciertos sectores de esa magistratura se ve esa sensibilización, aunque podamos tener esa sensación de que faltan avances más firmes, en casos tan apremiantes como los presos enfermos o con largas condenas.

¿Hacia qué cambios posibles hay que orientar el mensaje?

Las movilizaciones en la calle, y más cuando son plurales, así como las voces diversas que se alzan en favor de demandas cada vez más asumidas por todos, son esenciales. Creemos que se puede hacer que cambien las políticas o se aceleren los cambios, incidiendo, por descontado en el ámbito gubernamental, con ese diálogo abierto. Buscando también esa nueva actitud de parte de la Fiscalía, con el debate de contexto, que ya está en todas las instancias. Pero, con todo, esa activación social, es el elemento indispensable, porque ya se ha mostrado eficaz, más si hablamos del 8 de abril, y porque creo que va a ser esencial también para el futuro.

¿La acción de la sociedad civil vasca tiene eco en París?

La colaboración entre diferentes es bien vista y el futuro pasa por el trabajo con electos y sociedad, en Euskal Herria y en París. Si el Estado francés, como lo hace, se congratula de que el desarme se resolvió bien, toca trabajar para que su Justicia deje de dar la espalda a la nueva realidad.