Los contratos de Lakua y Diputación centran la nueva fase del «Caso De Miguel»
El tribunal analizará a partir de hoy los contratos públicos que lograron las empresas vinculadas a los principales imputados en el «Caso De Miguel», en el que están imputadas 26 personas relacionadas con el PNV.
La Audiencia Provincial de Araba retoma hoy el juicio por el “Caso De Miguel”, en el que están imputadas 26 personas vinculadas por el PNV alavés. Entre ellas figura el exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía pide una pena de 54 años de prisión.
Según informó Efe, hasta ahora el tribunal ha analizado dos operaciones vinculadas con la ampliación del Parque Tecnológico de Araba, donde tres de los principales acusados –Aitor Telleria, Koldo Ochandiano y el propio De Miguel– presuntamente reclamaron el pago de una comisión de 100.000 euros a Ainhoa Alberdi, la abogada que destapó el caso en 2009.
A partir de hoy, los magistrados escucharán las pruebas testificales vinculadas con los contratos públicos que lograron entre 2006 y 2009 tres de las supuestas empresas pantallas utilizadas por los responsables de la trama y sus esposas. En su escrito, el fiscal Josu Izaguirre sostiene que el Departamento de Cultura de Lakua adjudicó a dedo a una veintena de contratos a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.
500.000 euros
Izaguirre considera que los imputados y sus esposas –administradoras de Kataia– urdieron un sistema para obtener ingresos a través de la adjudicación irregular de contratos menores junto con otros dos de los acusados, Iñaki San Juan y Josu Montes, amigos personales de De Miguel y militantes del PNV. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para el primero y 17 para el segundo.
Los otros dos protagonistas de esta fase son Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura durante la etapa de Juan José Ibarretxe, y Javier Sánchez Robles, exdirector de Juventud y Acción Comunitaria del Ejecutivo. El fiscal pide una pena de 17 años para el primero y de 18 años y 4 meses para el segundo por valerse de su cargo para adjudicar contratos de forma irregular.
En concreto, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga consiguieron contratos por valor de unos 289.000 euros del Departamento de Cultura. Además, Errexal se hizo con los 90.000 euros que Lakua reservó para que las cuadrillas de Araba elaborarán sus planes juveniles.
A estos contratos hay que sumar los que fueron adjudicados a Errexal y Ortzi Muga por la Diputación alavesa cuando De Miguel era diputado foral por un valor cercano a los 130.000 euros. Así, si se suma la cuantía de todos los contratos, la trama habría logrado unos 500.000 euros en contratos públicos a dedo, según la Fiscalía.
En los próximos días pasarán por el Palacio de Justicia de Gasteiz los testigos vinculados con los contratos del Gobierno autonómico, y será en una fase posterior cuando los integrantes del tribunal entren a analizar los suscritos con la Diputación.