El fiscal mantiene la acusación de desvío de fondos públicos en la última jornada del caso Margüello
El Ministerio Público ha mantenido la acusación contra el exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, una supuesta testaferro y otros dos ex altos cargos de Sanidad del Gobierno de Lakua en 2006, cuando era consejero Gabriel Inclán (PNV). Este viernes se ha celebrado la última sesión de este juicio.
Las empresas de Margüello, que resultaron adjudicatarias de convenios de la Administración, «no aportaban nada, solo el desvío de fondos públicos», afirma la Fiscalía.
«Eran intermediarias para concertar servicios con Osakidetza, pero no era necesaria esa intermediación porque en otros casos se hacía directamente. La voluntad de las actuaciones de los acusados, su único propósito era que las adjudicaciones beneficiaran a estas empresas, y no a otras», ha asegurado.
Este viernes se ha celebrado en la Audiencia de Bizkaia la última sesión de este juicio, que por problemas de agenda se aplazó desde el pasado 26 de marzo hasta hoy. En el banquillo se han sentado, además de Margüello, la considerada testaferro de sus empresas, María Nieves Fernández; el responsable territorial de Sanidad en Bizkaia en aquel momento, José Ramón Elorriaga, y el entonces viceconsejero, Rafael Cerdán.
El fiscal les considera autores de los delitos de prevaricación, malversación, fraudes ilegales contra la Administración pública y de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos (en el caso de Margüello) y pide penas de 11 años de prisión para Margüello, Fernández y Elorriaga, y 6 años y 5 meses para Cerdán.
Durante la sesión ha añadido a su calificación inicial otra alternativa que contemplaría todos esos delitos de forma continuada, con lo que la petición de penas sería de 6 años para Margüello y Elorriaga; 5 años para Fernández y 5 años y seis meses para Cerdán.
Indemnización de 8 millones
También pide como responsabilidad civil el pago de indemnizaciones al Gobierno de Lakua por un importe superior a 8 millones de euros.
El Ejecutivo autonómico, que estaba personado en la causa como acusación particular pero sin pedir penas de cárcel, ha renunciado a su presencia como «parte civil» al considerar que durante el juicio «no se ha podido acreditar un daño cierto y efectivo como para hacer una reclamación económica concreta», todo ello «sin perjuicio de que se admita la indemnización solicitada por la Fiscalía», ha puntualizado.
Los abogados de los acusados, por su parte, han solicitado la libre absolución.