«La detención de Santrich es un grave atentado contra el proceso de paz»

«¿Qué narcotraficante pasaría 24 días en huelga de hambre para que se sepa la verdad?», se pregunta el portavoz de la campaña «Santrich libre». En declaraciones a GARA, Francisco Toloza denuncia el montaje judicial contra el exguerrillero y su impacto en el proceso de paz.

El portavoz de la campaña «Santrich Libre», Francisco Toloza, denunció en declaraciones telefónicas a GARA «el montaje judicial» del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, contra quien fue uno de los negociadores plenipotenciarios de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana con el Gobierno colombiano y, actualmente, senador electo.

Santrich fue detenido el 9 de abril en su domicilio de Bogotá por agentes de la Fiscalía que recibió una orden de detención con fines de extradición cursada por un Juzgado de Nueva York bajo cargos de narcotráfico.

En una comparecencia ante los medios para informar sobre esta detención, Martínez aseguró tener «copiosas pruebas de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con un precio en el mercado local de 320 millones de dólares». Las supuestas reuniones que la DEA estadounidense atribuye a Santrich con miembros de cárteles de la droga se habrían producido con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016, por lo que en Colombia se ha abierto un debate jurídico sobre quién debe examinar la petición de extradición cursada por Washington; o la justicia ordinaria –postura defendida por la Fiscalía– o la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tras su arresto, Santrich inició una huelga de hambre para denunciar el uso de la extradición como herramienta política y la injerencia de Estados Unidos, así como reclamar la libertad de todos los presos de las FARC.

Toloza reiteró la disposición de Santrich, ingresado en el hospital El Tunal de Bogotá, a seguir con su protesta hasta que el fiscal general «desmonte este montaje». «¿Qué narcotraficante pasaría 24 días en huelga de hambre para que se sepa la verdad?», se preguntó.

«Aún estamos esperando que la Fiscalía nos entregue las supuestas pruebas que dice tener. El fiscal general es un hombre dado a los medios de comunicación. De hecho ha sido miembro de la junta directiva de la casa editorial Tiempo y siempre se ha movido en el sector privado con los grandes medios. Él hace capturas a ocho columnas y cuando se caen los montajes, como ya ha pasado, guarda silencio. Por kafkiano que parezca, la defensa de Santrich solo ha podido acceder a las pruebas que están en los medios. Tienen tanta información los periodistas como sus abogados. Además tenemos muchas dudas acerca de la legalidad de dichas evidencias, practicadas por orden de la DEA y sin la autorización de la Cancillería ni de la misma Fiscalía General», destacó.

Sobre el debate jurídico, Toloza subrayó que en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera «le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz evaluar si hubo o no una conducta delictiva y la fecha en la que se habría producido».

«El convenio de extradición con EEUU es profundamente vergonzoso y lacerante para la soberanía jurídica de Colombia», subrayó Toloza.

Washington tiene 60 días –de los cuales ya han transcurrido 20– para presentar formalmente la petición de extradición. «Hablamos de tiempos profundamente largos. Esperamos que pronto se caiga este montaje judicial. Hemos pedido que mientras avanza el proceso Santrich, invidente y con afectaciones propias de una huelga de hambre prolongada, sea excarcelado y pueda estar en otro sitio distinto a la cárcel o al hospital».

Recordó el caso del guerrillero Simón Trinidad, encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Florence (Colorado). Los juicios contra él por narcotráfico fueron anulados.

Toloza advirtió de que el proceso abierto contra Santrich es «un grave atentado contra el proceso de paz porque se ha quebrantado la seguridad jurídica. La base guerrillera y los amantes de la paz que nos comprometimos con este acuerdo para cerrar cinco décadas de conflicto no sentimos seguridad jurídica ni física por las patrañas del señor fiscal. La cárcel no es el criterio de justicia para el final del conflicto». Lamentó que «los sectores nostálgicos de la guerra interesados en que nada cambie en Colombia y que se lucraron jurídicamente, políticamente y económicamente de la guerra, sigan insistiendo en viejas recetas represivas para golpear políticamente a la FARC y sabotear el acuerdo de paz».