Las defensas de Altsasu rechazan la calificación de «terrorismo»

Los hechos registrados en el bar Koxka de Altsasu no se pueden calificar de «terrorismo», según destacaron los abogados defensores ayer en la Audiencia Nacional. Estiman que se han forzado los límites de este tipo, ampliándolos para justificar una petición que no se sostiene. La letrada Amaia Izko calificó de «alarmante» esta situación. Además, pidieron la libre absolución de todos ellos porque no se ha probado siquiera su participación en los hechos.

Las defensas de los ocho jóvenes de Altsasu rechazaron categóricamente la calificación de «terrorismo» de la pelea que se registró el 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de esta localidad navarra y reclamaron la absolución de todos ellos porque ni siquiera se ha probado su participación en los hechos.

Finalmente, ayer solo pudieron intervenir tres abogados, que representan a Jokin Unamuno, Ainara Urkijo, Oihan Arnanz y Julen Goikoetxea, por lo que la vista continuará hoy con la exposición de los letrados del resto de acusados. Tras ello, se dará la opción de última palabra a los encausados y el juicio quedará visto para sentencia. Los letrados de la defensa, por economía procesal, se repartieron las cuestiones generales, asumiendo todos ellos las tesis manifestadas por sus colegas y centrándose posteriormente en los casos particulares de sus patrocinados. De este modo, correspondió a Amaia Izko, letrada de Unamuno y Urkijo, rechazar la tesis de que los hechos del Koxka se pueden calificar como «terrorismo».

En primer lugar, Izko rechazó que la pelea en el bar Koxka fuera planificada con anterioridad, sino que fue un hecho fortuito y aislado. En este sentido, recordó que los guardias llevaban dos horas en el bar cuando se registró el incidente y que el teniente era un cliente habitual del establecimiento.

Junto a ello, subrayó que las lesiones son de menor entidad y que no se aprecia en los hechos «sesgo terrorista» y recordó que en la instrucción inicial este elemento no aparecía y que se incluyó tras hacerse cargo del mismo la Audiencia Nacional.

Izko también hizo referencia al concepto de «terrorismo individual» introducido recientemente en el ámbito penal y que hace referencia a los «lobos solitarios» yihadistas, destacando que no puede suponer que cualquier acto individual pueda suponer «un acto terrorista».

En este sentido, consideró que encuadrar los hechos del Koxka en este tipo legal supone forzar los límites del concepto y una interpretación extensiva y expansiva del mismo, lo que calificó de «alarmante».

También rechazó que los hechos puedan suponer «lesiones terroristas» –la pena que la Fiscalía pide a Unamuno– o «amenazas terroristas» –la que reclama a Urkijo–, así como la de «desórdenes terroristas», la petición alternativa. Destacó que ninguno de los delitos que se imputan a los acusados puede ser considerado como «grave» porque no están penados con más de cinco años. Esta calificación de «grave» es imprescindible para considerar un delito como «terrorista».

Izko recordó que tanto la Audiencia Provincial de Nafarroa como el Tribunal Supremo español hicieron suyo este criterio cuando dirimieron la cuestión competencial sobre esta causa y lamentó que las acusaciones hayan optado por intentar ampliar el tipo penal para que justificar la calificación de «terrorismo».

La letrada subrayó que la jurisprudencia exige que para que haya «terrorismo» es necesario la existencia de elementos subjetivos como que sus autores tengan como objetivo subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o crear un clima de terror en la población o en parte de ella.

«¿De verdad se está planteando que con los elementos de esta causa, los hechos tenían como objetivo subvertir el Estado de Derecho y sus instituciones? Entendemos que no», añadió, antes de destacar que tampoco se buscaba alterar la paz pública o crear un clima de terror.

En este sentido, recalcó que «no se puede confundir que las víctimas sintieran miedo, o incluso pánico, con que realmente los hechos tuvieran como fin atemorizar a la población o a una parte de ella».

Izko también rechazó que los hechos del Koxka pudieran calificarse como «desórdenes terroristas», la petición alternativa de la Fiscalía, ya que este tipo está acotado por la «participación o ampara de una organización terrorista».

Lo que falta en esta caso es, precisamente, la «organización terrorista». La letrada recordó que Ospa no está calificada como tal y que, a pesar de lo que se señala en el informe de la Guardia Civil presentado en la vista, la Fiscalía no ha promovido la declaración de Ospa como «organización terrorista». Tampoco se ha podido acreditar que Ospa actuara a las órdenes de ETA. En definitiva, en este caso no hay ninguna «organización terrorista».

Izko fue más allá y negó validez al informe presentado por la Guardia Civil, «única prueba presentada y que ha sido impugnada por la defensa», destacando que «está predeterminado desde el título».

Así, cuestionó la validez del supuesto panfleto de Alde Hemendik incautado, según los agentes de la Guardia Civil, en el gaztetxe de Olatzagutia hacia 1998 o 2000. Izko subrayó que el documento carece de sellos oficiales de cuerpo policial o juzgado alguno, por lo que no se puede acreditar que corresponda efectivamente a unas diligencias comprobables. Los agentes que testificaron como peritos tampoco pudieron dar datos de cómo se produjo la incautación del documento.

Izko también cuestionó la validez de esta prueba señalando que el documento fue supuestamente incautado en 1998 0 2000 y en esta causa se están juzgando hechos de 2015. Recordó que la jurisprudencia del Supremo rechaza la utilización de documentos de fechas anteriores a los hechos porque se puede incurrir en «anacronismo».

Además, señaló que la actividad de Ospa se ha limitado siempre a acciones pacíficas y que comenzó cuando ETA ya había anunciado el cese de su acción armada.

«Informe en un cajón»

Jaime Montero, abogado de Oihan Arnanz, recordó que la visita del entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, a Iruñea fue el detonante de que el instituto armado se hiciera con la instrucción de la causa que hasta ese momento correspondió a la Policía Foral.

El abogado destacó que fue en ese momento cuando apareció el informe relativo a Ospa, «que estaba esperando en un cajón y se sacó rápidamente».

«La Guardia Civil vio la oportunidad de vincular estos hechos al movimiento Ospa, que discute su presencia en Navarra», añadió Montero.

Manuel Ollé, defensor de Julen Goikoetxea, subrayó que no tiene sentido vincular los hechos del bar Koxka con el «terrorismo» en unos momentos en los que afortunadamente y gracias al esfuerzo de muchos españoles» se han logrado superar esa fase.