El TC tumba la investidura telemática y abre paso a una cuarta candidatura

En una decisión más que anunciada, el TC suspendió ayer cautelarmente la reforma de la Ley de Presidencia que debía servir para investir a Puigdemont a distancia. Se abre así definitivamente el paso a un cuarto candidato que evite unas nuevas elecciones por las que Ciudadanos suspira y por las cuales Rivera escenificó ayer una ruptura con Rajoy.

Catalunya es ahora mismo una novela de la clase “Elige tu propia aventura”, aquel formato popularizado a partir de los años 80 en el que el lector –eminentemente juvenil– podía elegir el discurrir de la obra decidiendo entre las opciones que le proponía el autor o guionista. Las propuestas estaban predeterminadas, las variables eran finitas y, lejos de inventar un final, el lector se limitaba a elegir entre las salidas que le eran ofrecidas, unas más felices que otras, evidentemente. La novela catalana tiene ahora mismo dos opciones y sus protagonistas, igual que los lectores de aquellos libros de éxito, tienen en su mano hacia cual de las posibles salidas encaminan la narración: hacia la investidura de un president y la formación de un Govern, o a nuevas elecciones.

La mayoría de los movimientos registrados en las últimas horas, ya sea en Barcelona, Madrid o Berlín, ya sea en la arena política o en la judicial, tienen que ver con este desenlace próximo que tiene el 22 de mayo como fecha límite. Si en los próximos doce días no se inviste a un president de la Generalitat, las elecciones serán el único final posible para la novela. Se celebrarían el 15 de julio.

¿Quién tiene interés en este desenlace? Por encima de todos, Ciudadanos. En plena pugna por el dominio de la derecha en el Estado, el partido naranja estaría encantado de volver a medirse en las urnas catalanas, que son las que en diciembre le dieron el empujón que le ha colocado a un paso del sorpasso en unas encuestas siempre discutibles. Su líder, Albert Rivera, exigió ayer a Mariano Rajoy más mano dura con Catalunya, escenificando una ruptura que no es tal. El presidente del Gobierno español, quién sabe si influenciado por horas de negociaciones presupuestarias con el PNV, describió con un sorprendente «aprobetxategi» a Rivera. Mientras en algún rincón, José Luis Rodríguez Zapatero sonreía viendo cómo a Rajoy le recetan la medicina que él mismo sufrió de manos del líder del PP durante las negociaciones con ETA entre 2004 y 2007.

El trasfondo inmediato del choque entre Rajoy y Rivera, en cualquier caso, fue también el del adelanto electoral en Catalunya. Ciudadanos exige a Moncloa que recurra ante el TC el voto delegado de los exiliados Carles Puigdemont y Toni Comín, imprescindibles para que JxCat y ERC puedan investir a un candidato en segunda vuelta, con la abstención de los cuatro diputados de la CUP. C’s ya recurrió la delegación del voto, el TC la admitió, pero sin suspenderla cautelarmente. El PP de Catalunya también ha anunciado que la recurrirá, pero Rajoy no tiene intención de hacerlo, porque si un recurso del Gobierno español es admitido, el objeto de recurso queda inmediatamente suspendido. Rajoy no quiere elecciones.

En Catalunya, oficialmente, ningún partido desea el adelanto electoral, pero a doce días del deadline, el riesgo de accidente no es menor. Solo la CUP y, fuera del Parlament, la ANC, defienden la candidatura de Puigdemont a capa y espada, pero Junts per Catalunya ya avisó que no está dispuesta a desobedecer ahora al Tribunal Constitucional, que ayer suspendió cautelarmente la reforma de la Ley de Presidencia, el único resquicio que quedaba para investir a Puigdemont legalmente.

Reflejo del esquizofrénico momento catalán, fue el propio Rajoy el que firmó, de madrugada y como president del Govern de la Generalitat en virtud del 155, la publicación de la reforma de la Ley en el Diari Oficial de la Generalitat, paso previo para poder recurrir dicha reforma ante el TC, que es lo que el Gobierno español hizo en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer por la mañana. Es decir, Rajoy firmó como president del Govern la reforma de la ley que pocas horas después recurrió como presidente del Gobierno español. Como para no enredarse luego.

Quinielas presidenciales

Con la investidura telemática frenada, ayer volvió de nuevo al primer plano –del cual en realidad nunca desapareció–, la desconocida identidad de la persona que Puigdemont designará para ocupar la Presidencia de la Generalitat, al menos de forma temporal. El calendario, como hemos visto, está cerrado, pero las quinielas siguen muy abiertas. El nombre que más ha sonado es el de la jefa de campaña de JxCat, Elsa Artadi, que sin embargo parece haberse autodescartado a la espera de tiempos menos convulsos.

Truncado el relevo más o menos natural, hay barra libre para proponer candidatos. ERC, más o menos resignada, se limita a presionar para que JxCat presente una nueva candidatura que evite elecciones, pero no exigen más. Darán el visto bueno al candidato que escoja el propio Puigdemont, que según adelantaba ayer “La Vanguardia”, podría anunciar su decisión mañana desde Berlín.

El único requisito legal es que sea diputado o que, al menos, esté en las listas de JxCat, lo cual posibilitaría, con unas renuncias de por medio, que obtuviese un acta de diputado. Puigdemont tiene ante si, por tanto, su particular «Elige tu propia aventura», y las opciones tampoco son tantas. Se especula con un perfil técnico que, a priori, no tenga gran ambición política –o no se le presuponga–, en el cual cabría, por ejemplo, la figura de Josep Costa, abogado y vicepresidente del Parlament; o un perfil político veterano al que, de nuevo, no se le esperen mayores ambiciones políticas. El objetivo, se divulga desde el entorno de Puigdemont, es nombrar a un president «transitorio». En esta última carpeta entran nombres como los del expresidente de Òmnium Quim Torra o el exconseller de Cultura Ferran Mascarell. La respuesta, en los próximos días.

Llarena confirma el procesamiento contra el 1-O, pero se abre a rebajar el delito de rebelión

Hace tiempo que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no las tiene todas consigo en el proceso abierto contra el 1-O. Al revés alemán a la acusación de rebelión se sumó el indirecto e inesperado alegato del ministro Montoro contra la imputación de malversación de caudales públicos, algo que deja en entredicho las órdenes de extradición dictadas contra los dirigentes catalanes exiliados en diferentes países europeos. Y aunque en Madrid el procedimiento sigue su curso, los obstáculos empiezan a dejarse notar también en los autos de Llarena.

Sin ir más lejos, el magistrado confirmó ayer el auto de procesamiento dictado el pasado 23 de marzo contra 25 dirigentes catalanes por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Sin embargo, hizo algo que no hizo hace mes y medio: abrir la puerta a los delitos de conspiración para la rebelión y de sedición. No suenan bien, pero son menores que los imputados actualmente, y constatan el temor de Llarena a que los jueces europeos, a través de las euroórdenes, tumben el delito de rebelión imputado también a algunos de los dirigentes exiliados. La clave sigue estando en la calificación de lo ocurrido en Catalunya como violencia, algo que Llarena insiste en mantener pese al riesgo de recibir nuevos reveses desde Europa.

Los procesados pueden recurrir el auto ante la Sala de Apelaciones del TS, que si confirma el procesamiento suspenderá de sus cargos a los cinco encarcelados que mantienen su acta de diputado. Se trata de la misma Sala que ayer analizó el recurso de Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa contra su encarcelamiento. Aunque el recurso lo presentaron los cinco, solo Turull y Forcadell acudieron a declarar ante la Sala compuesta por tres magistrados, que decidirán en los próximos días.

En línea con su última declaración ante Llarena, Turull reivindicó ayer su condición de preso político y exigió su libertad para ejercer sus derechos políticos. Forcadell, por contra, recordó que ha renunciado al acta de diputada y que, por tanto, no existe el peligro de que pueda volver a reincidir en los supuestos delitos que se le imputan.

Estos 25 procesados, sin embargo, no son los únicos amenazados por la justicia española. Ayer Llarena preguntó al fiscal si hay fundamentos para imputar también los dirigentes de ERC Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, mientras que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona imputó al ex representante de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj y al exdirector del Diplocat Albert Royo, a quienes acusa de desviar partidas para el 1-O.B.Z.