El bloqueo del «caso Bárcenas» permite a Azvi y donantes del PP seguir contratando

La Ley de Contratos prohíbe que las empresas que han financiado irregularmente a partidos se presenten a concursos. Azvi, la adjudicataria del último tramo del TAV en Nafarroa, figura en la «contabilidad B» del extesorero del PP. Pero eso no basta para activar el veto.

Los filtros para evitar que empresas que corrompen a políticos se queden con concursos públicos vienen de Europa. La trasposición de una Directiva Europea se ha traducido en dos nuevas leyes de contratos públicos. El Estado ha adoptado la suya y Nafarroa, ejerciendo unas competencias únicas en esta materia, decidió dar un paso más allá y reforzar las nuevas garantías de limpieza. Según la nueva normativa, las empresas que hayan financiado ilegalmente a partidos políticos no pueden presentarse a los concursos. Y sin embargo, Azvi –la empresa que se ha quedado con el tramo de TAV que acaba de licitar Fomento– es una de las que aparecen en los famosos «papeles de Bárcenas».

«Lo que dice la ley es que tiene que haber una sentencia firme. Tiene que haber una condena para que las empresas sean excluidas de los concursos públicos», comenta Arantxa Izurdiaga, miembro de la ponencia parlamentaria que sacó adelante la ley navarra. «Aunque los ‘papeles de Bárcenas’ se consideren una prueba y un juez les dé total veracidad en una sentencia, eso no bastaría para sacar a esos donantes de las listas de contratación pública», explica la abogada.

El retardo judicial en las causas derivadas de la contabilidad B que llevaba el extesorero del PP en sus libretas lo distorsiona todo, reconoce Enrique Santiago, abogado que ejerce la acusación en la pieza separada que afecta a Azvi. A día de hoy, la única sentencia firme por el escándalo es la condena a Bárcenas a pagar a la ministra Dolores de Cospedal 50.000 euros por haber publicado esos “papeles” en “El País”.

El juez Pablo Ruz llamó a declarar a Manuel C&discReturn;ontreras hace ahora seis años en relación a los fondos que entregó al partido y que Bárcenas anotó en sus cuadernos. El presidente de Azvi aseguró que él financió actos políticos, pero negó haber participado en la financiación irregular del PP y sostuvo que los apuntes del extesorero no eran reales.

Contreras declaró junto con otros siete empresarios más. Posteriormente, se les desimputó a todos por falta de pruebas, al entender el instructor que, aun existiendo pagos, no se podía deducir que recibieran algo a cambio de ese dinero, porque eran «pagos finalistas».

«Hemos pedido que se reabra la causa y nos lo han aceptado, por lo que Contreras puede estar investigado otra vez», dice Santiago. «Contreras no tiene ningún problema para acceder a contratos. Aparecer en los papeles de Bárcenas no basta».

En el periodo recogido en los “papeles” (2002-2011), los responsables de Azvi habrían abonado al PP 858.000 euros. En esos años la empresa fue la beneficiaria de 802 contratos, por valor de 2.193,66 millones.