La Guardia Civil requisa bienes de expresos por orden de la Audiencia Nacional española
El Ministerio español de Interior ha informado de que agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 expresos vascos que fueron condenados a pagar unas indemnizaciones que superarían los ocho millones de euros.
Interior ha explicado que en el marco de la operación, bautizada como ‘Zerga’, se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos expresos que están asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional, según el comunicado oficial.
La @guardiacivil, en colaboración con la Audiencia Nacional, ha intervenido cuentas corrientes, vehículos y propiedades de más de 50 personas condenadas por delitos de #terrorismo relacionadas con ETA para hacer frente a la deuda de 8 millones de euros por responsabilidad civil.
— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 17 de mayo de 2018
En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos una autocaravana. Según las agencias, los agentes se han llevado un Toyota RAV4 en un polígono industrial de Barakaldo y una furgoneta blanca en el boulevard de Salburua, en Gasteiz.
Asimismo, ha identificado 14 propiedades inmobiliarias: viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento. Estas propiedades se encuentran en Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa y La Rioja.
Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, a fin de impedir «su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda».
«Entre los investigados –asevera Interior –, se encuentran 10 miembros de ETA», mientras que «el resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada» por esa organización.
«Esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas», concluye el comunicado.