Laparra dice que no hay «irregularidades» en la licitación del centro juvenil
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Nafarroa, Miguel Laparra, ha asegurado que «no hay absolutamente ninguna irregularidad» en la licitación del contrato de asistencia técnica para la gestión del Centro de Día de Justicia Juvenil, un punto de vista no compartido por la oposición, que le ha pedido su dimisión.
En una comparecencia parlamentaria a petición del PSN, PP y UPN, en la que ha avanzado que planteará la gestión directa del citado centro a través de la fundación pública de Servicios Sociales, Laparra ha aseverado que en el procedimiento de licitación ha habido un «respeto escrupuloso» a la ley de contratos públicos.
Y ha aludido al informe del secretario general técnico del departamento de Derechos Sociales, Javier Piquer, que concluye que el expediente de contratación «se halla completo y es conforme a derecho, siéndolo de igual modo la participación de empresas en la determinación de las especificaciones técnicas».
Tampoco se aprecia «incumplimiento» en la ley de contratos públicos, ni consta que se haya presentado reclamación en materia de contratación o recurso administrativo contra la licitación.
Además, «nada impide a las unidades gestoras de los contratos solicitar criterios técnicos a las empresas especializadas en las materias de que se trate».
Laparra ha precisado que el pasado 12 de marzo Berriztu proporciona una propuesta respecto a las necesidades que se pueden tener, y el 3 de mayo se publicó la noticia del «error subsanado». Por tanto, entre abril y mayo, ha dicho, pasan 16 días de los 18 hábiles en los que la empresa «no se presenta».
Ha afirmado también que la citada entidad «en todo momento» es conocedora de que «no puede hacerlo», como le transmitió el Ejecutivo navarro, y ha rechazado «falsos argumentos» como que Berriztu era la única que cumplía las condiciones de «solvencia técnica», ya que esas condiciones son las mismas que se habían planteado en 2017 a una fundación navarra.
Maribel García Malo, UPN, ha acusado de «mentir» al consejero, al asegurar éste que la empresa no iba a presentarse, por lo que ha pedido su dimisión y al respecto ha informado de la existencia de una oferta de trabajo en una web con muchas «coincidencias» respecto a los requisitos que planteaba la contratación.
Por parte del PSN, Nuria Medina ha considerado que «falta saber todo» sobre el proceso y ha pedido la dimisión de Laparra tras asegurar que la documentación ofrecida por éste «no aporta nada».
La representante del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que el proceso ha sido «un amaño», y se ha unido a la petición de dimisión del consejero.
Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha indicado que desde «el minuto uno» se detectó el error, se «reconoció y subsanó», y «no se ha producido ninguna ilegalidad».
Asun Fernández de Garayalde, de EH Bildu, ha destacado la «profesionalidad» de Berriztu y que las explicaciones de Laparra «concuerdan» con las transmitidas por parte de esa entidad a su grupo.
Por Podemos, Mikel Buil ha indicado que los principales «damnificados» de este «tira y afloja» son las entidades y los menores y, en el caso de que se haya producido una ilegalidad, ha instado a denunciarla.
José Miguel Nuin, de I-E, ha calificado las explicaciones ofrecidas por Laparra como «rigurosas y exhaustivas» y ha asegurado que con ellas se ha puesto de manifiesto que «no ha habido trato de favor».