Las cargas del 1 de octubre en Catalunya triplican las denuncias de malos tratos policiales en 2017
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado su informe anual sobre los casos de malos tratos, tortura y muertes bajo custodia policial, en el que las víctimas en 2017, un total de 1.014, se han triplicado respecto al año anterior debido, en gran medida, a las cargas del 1 de octubre en Catalunya.
En la presentación del informe de ‘La Tortura en el Estado español en 2017’, la CPDT ha afirmado que este año han querido exponerlo en Barcelona por el gran impacto que tuvo la intervención de la Policía española y la Guardia Civil durante el referéndum del 1 de octubre, que además ha contribuido a alcanzar el máximo histórico de personas afectadas por la represión policial, desde que se inició la recopilación de datos, en 2004.
En el informe de este año, la CPDT ha recogido un total de 224 situaciones en las que se produjeron «agresiones, torturas o malos tratos» que afectaron a un total de 1.014 personas, mientras que en el 2016 hubo 117 episodios que contaron con un total de 259 víctimas.
Según apunta la Coordinadora que ha elaborado el informe, no se han contabilizado todas las denuncias de torturas y malos tratos presentadas en 2017 en el Estado español, sino que se han excluido algunas «a petición de las personas afectadas, y otras porque la información recibida era insuficiente o no estaban totalmente contrastadas».
En la presentación se ha destacado que Catalunya ha sido la comunidad con más denunciantes, un total de 619, en un centenar de episodios diferentes. El informe, que recoge datos de todo el territorio español, sitúa en segundo lugar de afectación a Ceuta, con 117 víctimas, y en tercer lugar a Melilla, con 102 denunciantes.
En Euskal Herria se han recogido dos casos, una en la CAV y otro en Nafarroa en las que se vieron afectadas tres personas.
El documento también recoge los casos de muerte bajo custodia policial. Distingue entre las ocurridas en privación de libertad (36 personas) y las ocurridas en otros espacios (un total de 19 personas), incluyendo en este último apartado tanto la vía pública, como el mar o el domicilio particular, cuando las muertes son el resultado de una intervención de las FSE españolas.
Laia Serra, abogada y vocal de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, ha afirmado que, aunque la Policía española tenía un mandato judicial para actuar el 1 de octubre, «había formas menos lesivas y más compatibles con los derechos humanos».