84 personas pidieron asilo en la CAV entre 2016 y 2018 por motivos de orientación sexual

Un estudio encargado por la Diputación de Gipuzkoa sobre la realidad jurídico-social del colectivo LGTBI refugiado en la CAV ha concluido que un total de 84 personas pidieron asilo en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba entre 2016 y 2018 por motivos de su orientación sexual e identidad de género.

El diputado de Cultura de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ha presentado esta mañana las conclusiones de un estudio elaborado para la Diputación de Gipuzkoa y Gehitu sobre la realidad jurídico-social de las personas refugiadas en la CAV pertenecientes al colectivo LGTBI. La investigación ha sido realizada por Andrea Bertomeu. En la comparecencia también ha participado la coordinadora de Gehitu, Aintzane Muguruza; el exararteko y militante de Gehitu, Iñigo Larmarca; el refugiado hondureño Mauricio Rodriguez y la refugiada hondureña Fergye Baraorra. 

Según han explicado, la ausencia de datos oficiales sobre el número de personas LGBTI que solicitan asilo, tanto en la Unión Europea como en el Estado español, imposibilita una radiografía exacta.

A pesar de ello, el estudio concluye que el número de solicitudes es «significativo». Entre 2016 y 2018, el número de peticiones de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género en los tres territorios fue de 84 personas. 

Los objetivos de este estudio son poner de relieve los obstáculos y los problemas específicos a los que estas personas se enfrentan, antes, durante y tras el procedimiento de solicitud de protección internacional; detectar sus necesidades particulares e identificar aquellos mecanismos y buenas prácticas que permitan dar solución a esas cuestiones. 

Una de las conclusiones del informe destaca que la entrevista es «crucial» para dar a la persona refugiada LGBTI+ la oportunidad de poder explicar de forma exhaustiva y directa las razones de su solicitud. Por ello, aboga por crear manuales de «buenas prácticas» que adapten las técnicas de la entrevista a los motivos de persecución exclusivamente por orientación sexual. 

Se constata asimismo, la necesidad de que las entrevistas sean realizadas por personal cualificado en cuestiones de diversidad sexual e identidad de género y la necesidad de introducir en la estructura de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) mecanismos de transversalidad que incluyan la perspectiva SOGI (sexo, orientación, género, identidad) en el análisis de los expedientes.

Del informe también se desprende que existe una «excesiva centralización» en la gestión y organización de la protección internacional, lo que ralentiza que las necesidades específicas de las personas refugiadas LGBTI+ sean atendidas con prontitud. 

En concreto, la «rigidez» del programa estatal genera que algunas personas refugiadas LGBTI+ se queden fuera del mismo y recurran a los servicios sociales de la ciudad, ya que la solicitud de entrada al programa estatal implica en muchos casos la movilidad geográfica, algo que les puede perjudicar por sus vínculos familiares o sociales. 

Además, la falta de cooperación interinstitucional, unida a la inexistencia de bases de datos de las personas refugiadas LGBTI+, aboca a una falta de información sobre la situación y la trayectoria de los solicitantes de asilo, lo que dificulta una respuesta adecuada de acuerdo con este estudio.