Geroa Bai dice que el Gobierno navarro «merece» el nombre «del cambio»

Los dirigentes de Geroa Bai han hecho balance del curso político y han considerado que, tres años después de su impulso al actual Ejecutivo navarro, este «merece ser llamado Gobierno del cambio», a la luz de lo conseguido con su «política de integración y cohesión social y territorial».

En conferencia de prensa, el portavoz parlamentario Koldo Martínez, ha resumido el trabajo legislativo y de gestión de Gobierno en estos tres años, con 81 leyes aprobadas, 58 de ellas «de absoluto contenido social y económico», once relacionadas con la gestión administrativa y «una de contenido identitario», la derogación de la Ley de Símbolos.

Otras de las iniciativas reseñables son las casi 300 declaraciones institucionales, más de 63 mociones y dos comisiones de investigación, la de la planta de Ultzama y la de Caja Navarra, que «está dando luz sobre los intereses de los diferentes partidos políticos».

Uno de los mayores logros ha sido a su juicio la renovación del Convenio Económico entre Nafarroa y el Estado «en condiciones muy beneficiosas para la ciudadanía navarra», ha subrayado Martínez, quien también ha ponderado el apoyo en tiempo y forma a las tres Leyes de Presupuestos, mientras que sobre la cuarta, la de 2019, se ha mostrado «convencido» del «esfuerzo» que hará el cuatripartito para repetir consenso.

Son ya tres años de gobierno «que merece ser llamado del cambio porque es la primera vez en las últimas décadas en Navarra que un gobierno no trabaja para mantener la dominación de unos sectores y personas privilegiadas sobre la mayoría de la ciudadanía», ha dicho en clara crítica a los gobiernos de UPN, aunque también ha rechazado revanchismo por su parte.

Así, ha recalcado que «el Gobierno del cambio no ha ido en contra de los sectores tradicionalmente privilegiados reproduciendo sus formas de actuar solo que a la inversa», sino que ha impulsado «una política a favor de todos los navarros y las navarras», lo que «no quiere decir que esta política haya sido neutral», ha advertido.

«Han sido políticas decididamente encaminadas a mejorar la situación de todos los navarros», y «esto también es un cambio, que va en contra del ADN de UPN y en contra de la lógica habitual de los políticos y de los partidos políticos», ha dicho para justificar en esto que los partidos de la actual oposición «se sienten incómodos, perdidos, desbaratados».

Por eso «tratan de crear polémicas que les resitúan en el victimismo» y en lo que era la forma habitual de hacer política «y así ellos se creen fuertes», ha analizado.

También ha intervenido su compañero Unai Hualde, quien ha advertido que tras estos tres años «la sociedad navarra ha visto que se puede gobernar y legislar de otro modo, más social y participativo, más respetuoso con la pluralidad y de una manera no excluyente».

«Ahora es el momento de echar el resto para que este cambio que hemos sido capaces de desarrollar en base a un acuerdo programático que ha aglutinado a fuerzas plurales sea también el futuro de los navarros más allá de 2019», ha animado tras considerar «constatable» su impulso para ejecutar el acuerdo programático, en el que quedan «retos» como la Ley de Derecho Subjetivo a la Vivienda, la modificación de la Ley de Turismo, la actualización del Fuero Nuevo, la Ley de Derechos Culturales o la de Cambio Climático.

En este contexto ha aludido a la salida del PP del Gobierno estatal y ha anunciado la presentación de una moción parlamentaria en la que se insta a la «apertura de un escenario político nuevo basado en el diálogo con el nuevo Gobierno de España».

La resolución insta al Gobierno del PSOE a «entender y respetar las iniciativas legislativas» navarras, a iniciar conversaciones sobre nuevas transferencias para el herrialde y a evitar el «recurso sistemático» de las normas navarras ante el Tribunal Constitucional español.

Sobre este último asunto, Koldo Martinez ha aludido a la noticia conocida ayer de que el Tribunal Constitucional español ha anulado el grueso de la ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que fue recurrida por el Gobierno del PP, al estimar que invade competencias del Poder Judicial.

Martínez ha mostrado su «profunda tristeza, enorme pena e inmensa rabia» por la resolución que no comparte y que, ha advertido, «no tenía ningún afán de suplantar la labor de la justicia», sino de «buscar verdad, justicia y reparación» de esas personas.