El servicio de orientación profesional de Nafarroa amplía entidades y presupuesto

El Servicio Navarro de Empleo contratará a 18 entidades, siete más que hasta ahora, para prestar el servicio de orientación profesional en 2018, con una capacidad de gasto de 2,9 millones de euros para este año, lo que «consolida un modelo de gestión» que a juicio del Gobierno se ha revelado eficaz.

Así lo ha anunciado en conferencia de prensa tras la sesión semanal de Gobierno el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien ha señalado que el aumento en el número de entidades seleccionadas respecto al anterior acuerdo marco «demuestra el interés por el programa y un mayor potencial en cuanto a capacidad de intervención».

La adjudicación de los servicios se va a realizar en cinco lotes, según zonas de Nafarroa en tres de los casos y exclusivamente dirigidos en los otros dos a personas con discapacidad y a personas en riesgo de exclusión, con un total de 18 entidades con las que el SNE firmará contratos para el inicio de la actividad, una vez que las adjudicatarias presenten la documentación requerida.

Mientras tanto, continuará prestando servicios de orientación básica y especializada en sus agencias y con cargo a los contratos suscritos en 2017 con entidades de orientación.

Hasta el momento se ha atendido a 12.500 personas, de las cuales 2.177 son perceptoras de renta garantizada y, la mayoría, parados de larga duración.
«Se trata de un servicio que está obteniendo una valoración muy positiva de las personas usuarias, con un 7,5 sobre 10 de nota media en las encuestas de satisfacción realizadas a dichas personas», han indicado desde el Gobierno en una nota.

Los contratos con las entidades con las entidades adjudicatarias podrán ser prorrogados anualmente hasta el 31 de diciembre 2020, con un valor de 5,9 millones de euros, aunque el SNE podrá ampliar esta cantidad, para proporcionar seguimiento personalizado a la población trabajadora, en desempleo o con empleos precarios.

La capacidad de atención en todo el periodo de vigencia es como mínimo de 10.206 personas con servicios de máxima intensidad. De ellas, al menos 1.530 en riesgo de exclusión y otras 510 con discapacidad. Para determinar estas cifras, el SNE ha tenido en cuenta factores como la disminución del desempleo, inscripción de nuevas personas demandantes y las atenciones realizadas en 2017.

Laparra ha advertido de que el SNE está experimentando en esta legislatura una «importante transformación en la gestión de la orientación», al crear el sistema único de orientación, en el que el Servicio Navarro de Empleo, como ya sucede en Salud, es la puerta de acceso única a este servicio, de carácter básico para la activación laboral de la población desempleada y en precario.

Antes convivían tres sistemas (atención propia, entidades subvencionadas y entidades conveniadas). Desde finales de 2017, el SNE atiende directamente a las personas o las deriva de forma proactiva a entidades contratadas.

De esta forma, puede priorizar la atención a colectivos con mayores necesidades de apoyo público o con los criterios que en cada momento determine el SNE.

El acuerdo marco de licitación que ahora se ha resuelto incluye mejoras sobre las condiciones aplicadas en 2017, primer año en el que el SNE recurrió a la fórmula del contrato para proporcionar este servicio básico en materia de empleo a la población.

Entre otras, introduce la prestación del servicio de orientación de máxima intensidad para aquellas personas que lo necesiten (seguimientos de itinerarios de formación y empleo y acompañamiento a la inserción).

Asimismo, dota de flexibilidad a las relaciones entre el SNE y las entidades contratadas, además de reforzar aspectos que redundan en la calidad del servicio.

En concreto, para responder a las demandas trasladadas por personal técnico, entidades y agentes, el SNE ha introducido ajustes en aspectos técnicos, de gestión y administrativos.

En lo que se refiere a los aspectos técnicos, la nueva licitación ha contemplado una mayor intensidad del servicio de orientación, de manera que el sistema pueda dar respuesta a personas con mayores necesidades de intervención. Así, se pasa de tres horas de media de atención por persona a un máximo de 18 horas.

El SNE abonará el servicio por fases completadas, una vez corroboradas las necesidades de las personas. El precio máximo por persona atendida era de 509,58 euros, de 636,98 si está en riesgo de exclusión social o tiene reconocida una discapacidad. Las entidades han ofrecido rebajas hasta los 458,62 y 573,28 euros, respectivamente.

También se han incluido como beneficiarios del servicio a las personas ocupadas, especialmente en situación precaria, inscritas en situación de mejora de empleo, mientras que el acuerdo marco anterior estaba enfocado únicamente a personas desempleadas.

En lo que se refiere a los criterios administrativos, se ha adjudicado cinco lotes, uno menos que en 2017 porque se ha redistribuido el servicio en Iruñea, que en noviembre contará con dos agencias (Iturrondo y Ensanche).

Además, se modifican las exigencias de personal a la entidad adjudicataria; los nuevos contratos también conllevan una mejora de precios; y se ha fomentado la calidad del servicio y del empleo.