Rabat dice que el acuerdo de readmisión es «un mensaje fuerte a las redes de trata»
El Gobierno de Rabat afirmó ayer que la expulsión desde el Estado español la pasada semana de 116 migrantes subsaharianos, devueltos desde Ceuta a suelo marroquí, es «un mensaje fuerte a las redes de emigración clandestina». No aclaró qué ha sido de esas personas.
Rabat evitó ayer comprometerse a aplicar en adelante el Acuerdo de Readmisión de Extranjeros Entrados Ilegalmente firmado con Madrid en 1992 y aplicado la pasada semana a 116 personas. En la primera manifestación de postura pública acerca de esta cuestión, el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Jalfi, enmarcó la readmisión de los subsaharianos como «una medida» que supone «un mensaje fuerte a las redes de emigración clandestina». Ese mensaje significa, según dijo Jalfi en rueda de prensa, que «lo que estas redes (de trata) hacen tiene sus consecuencias».
El pasado miércoles, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también usó la palabra «mensaje» para referirse a la expulsión: el mensaje era que «no vamos a permitir la inmigración violenta».
Pero preguntado en dos ocasiones por si esa medida significaba una reactivación de ese acuerdo, prácticamente dormido desde 1992, el portavoz marroquí dejó claro que era una medida tomada «independientemente del marco jurídico», con lo que la desligó del pacto.
El mismo miércoles, el diario “Asabah” denunciaba ese compromiso y pedía su derogación: «Ha llegado el momento de que el Gobierno marroquí revise el acuerdo de 1992, ya que, por un lado, algunos de sus contenidos van contra el derecho internacional y, por otro, dañan los intereses de Marruecos».
El Ejecutivo español ha sostenido los últimos días por diferentes canales que las expulsiones hacia Marruecos se activarán cada vez que se produzcan «asaltos violentos», pero el portavoz marroquí también se negó a confirmar la participación o colaboración de su país en esos casos. Como se negó a dar detalles sobre cuál ha sido el destino de los 116 expulsados: si han sido reubicados en Marruecos o deportados a sus países.
En línea con lo que expresa últimamente, el portavoz lanzó un mensaje a la UE: «Marruecos no puede hacerse cargo solo de este peso (de la migración). Es una responsabilidad compartida. Nuestros socios europeos están invitados a una mayor receptividad».
Para ilustrar ese «peso», Mustafa Jalfi recordó que Marruecos abortó solo en 2017 un total de 65.000 intentos de emigración irregular en un año en el que las cifras totales de llegadas al Estado español (casi todas desde territorio marroquí) también se dispararon con respecto al ejercicio anterior.