La amenaza de cárcel por un aborto espontáneo planea sobre Guatemala

El Congreso de Guatemala debate una ley que prevé penas de cárcel para casos de aborto espontáneo. También endurece los castigos por interrupción voluntaria del embarazo, prohíbe la educación en diversidad sexual y veta el matrimonio igualitario. Organizaciones feministas y de derechos humanos anuncian recursos si la norma es aprobada.

Imaginemos una mujer que se queda embarazada. Se trata de un hijo deseado. Ocurre un problema. Sufre un aborto involuntario, algo que pasa entre un 15% y un 25% de los casos. Es investigada por la Policía. Tiene que demostrar que no hizo nada para interrumpir su embarazo. Se enfrenta a una petición de cárcel de entre dos y cuatro años. Eso podría ocurrirle a cualquier guatemalteca si el Congreso apruebe la Ley de Protección de la Vida y la Familia. Es una norma promovida por Aníbal Rojas, diputado de derechista Viva (Visión con Valores), una formación fundada por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes de un país con el mayor número de evangélicos de América Latina, un 43%. El proyecto de ley se debate esta semana en tercera lectura. En caso de que logre el aval de 80 de los 158 diputados, pasará al despacho del presidente, Jimmy Morales, para su sanción definitiva.

La iniciativa incluye un endurecimiento de las penas de cárcel por abortar, que ahora serán de entre 5 y 10 años (frente a las actuales de entre 1 y 3). También castiga a quien colabore con una interrupción del embarazo, con condenas de entre 6 y 12 años, el doble en el caso de los médicos. Incluso añade un artículo en el que se persigue el «aborto culposo», para el que se impone entre 2 y 4 años de prisión. Según explica la ginecóloga Linda Valencia, por «aborto culposo propio» se entiende cuando se produce una interrupción del embarazo sin que medie voluntad de terminar con el feto. Puede ser un accidente, un golpe, incluso cuando la mujer desconoce estar embarazada.

Llevar un registro e informar

La ley también recoge un capítulo denominado «mortinatos», por el cual los médicos están obligados a llevar un registro e informar de todos los casos a las autoridades. Esto convierte al ginecólogo en una especie de policía. Como denuncia Linda Valencia, con 15 años de experiencia en este ámbito sanitario, «tendremos que romper el secreto médico, denunciando a las pacientes, que en lugar de recibir atención tendrán que defenderse». Este fenómeno ya ocurre en países vecinos, como El Salvador. Allí, la legislación prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Incluso cuando la mujer ha sido violada o cuando peligra la vida de la madre. Al menos 30 mujeres permanecen encarceladas acusadas de haber matado a sus hijos tras sufrir problemas durante el parto.

En Guatemala, actualmente, solo es legal el aborto terapéutico, aunque la nueva ley incluye más restricciones, como la obligatoriedad de que dos médicos avalen la intervención. Una cláusula que afectará especialmente a las mujeres que viven en el campo, donde el acceso a la sanidad es muy escaso.

El proyecto ha sido ideado como una declaración de guerra a lo que sus promotores consideran «ideología de género», que es como los sectores reaccionarios definen a las políticas favorables a la diversidad sexual y los derechos reproductivos. Como ejemplo, la definición que la norma hace de «diversidad sexual»: «Es el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano»..

En relación a la educación, la norma establece que «se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano». Como señala Paula Barrios, de la organización feminista Mujeres en Movimiento, «se deja la educación en manos de la familia y la Iglesia».

Se persigue el aborto y, al mismo tiempo, se impide que los menores reciban educación sexual para prevenir embarazos involuntarios.

Por último, la ley incluye una definición de matrimonio como unión «entre hombre y mujer, así nacidos», con una referencia explícita a las personas transexuales. Según denuncia Barrios, desde que esta ley se reactivó, tres mujeres trans han muerto de forma violenta. Los matrimonios entre personas del mismo sexo están prohibidos en Guatemala. A pesar de ello, los promotores de la ley han querido subrayar nuevamente este veto.

Presión reaccionaria

La esperanza de los grupos feministas y de derechos humanos es lograr que la iniciativa no sume los 80 votos necesarios, según explica Sandra Morán, diputada de la formación izquierdista Convergencia. En caso de que salga adelante, recurrirán a la Corte de Constitucionalidad y a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Morán es promotora de dos iniciativas de ley, una sobre identidad de género y otra para proteger a las menores que han sufrido violencia sexual. Para entender hasta dónde llegan las presiones de los grupos reaccionarios: esta última norma incluía un apartado para despenalizar el aborto en casos de menores de 14 años que han sido violadas. Finalmente, este punto ha tenido que ser retirado con el objetivo de que el resto de la iniciativa pase adelante.

«Lo que se quiere aprobar es el aborto. Y es un asesinato. La Constitución dice que la vida se defiende desde el momento de la concepción. Que no tenga la misma figura humana no quiere decir que no sea un humano. Es una vida y la están matando. También en el caso de las niñas que violan, el niño no tiene la culpa». Habla Diego Hernández, que no llega a los 30 años y sujeta un cartel en el que puede leerse que «la mayor amenaza para la paz es el aborto». Es uno de los miles de manifestantes que el domingo tomaron la plaza central de la capital de Guatemala secundando una marcha bajo el lema «Guate por la vida y la familia». Con esta exhibición de fuerza, apoyada por las iglesias católica y evangélica, los sectores reaccionarios demostraron tener una gran capacidad de convocatoria. Si logran que se apruebe la ley, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y del colectivo LGTBI estarán todavía más recortados.

El discurso reaccionario y la lucha contra la corrupción

La marcha «por la familia y la vida» se celebró el domingo en Guatemala en un contexto de crisis política. El viernes, el presidente, Jimmy Morales, había anunciado que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la agencia anticorrupción de la ONU que trabaja en el país centroamericano desde 2006. No es casualidad que el mandatario tome esta decisión después de haber sido señalado por financiación ilegal de su partido, FCN-Nación, durante el tiempo en el que era secretario general, antes de acceder a la Presidencia en 2015.

En su alocución, rodeado de militares, Morales hizo una referencia explícita a su defensa de «la vida y la familia formada por hombre y mujer». La frase no venía a cuento, pero ha sido interpretada como un intento de patrimonializar la marcha y ganar legitimidad. Los afines al presidente han elaborado un discurso por el cual Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, las ONG y algunas embajadas buscan imponer en Guatemala una agenda izquierdista. Ahí incluyen los derechos de la mujer o del colectivo LGTBI. De este modo, se une la retórica reaccionaria anti-ONU y el blindaje de las élites políticas unidas en torno al denominado «pacto de corruptos», conocido así porque en 2017 un total de 105 diputados trataron de sacar adelante una modificación del Código Penal que limitaba las penas por corrupción.

La marcha se desarrolló finalmente en medio de consignas religiosas y sin un apoyo explícito al presidente, que no participó en la movilización. No obstante, resultaba paradójica una movilización tan multitudinaria al grito de «sí a la vida» en relación al aborto en un país en el que, solo el año pasado, más de 4.000 personas fueron ejecutadas, con una tasa de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes. Como señala Paula Barrios, del colectivo feminista Mujeres en Movimiento, «el objetivo de los sectores reaccionarios es poner freno al avance de leyes que se están dando en todo América Latina».A. PRADILLA