UPN pone como condición la dimisión de Beaumont para apoyar la Ley de Policías
UPN ha dejado en el aire su voto en el Parlamento de Nafarroa a favor de la Ley de Policías, que podría producirse si se cumplen una serie de exigencias, entre ellas la dimisión de la consejera Mari Jose Beaumont.
El parlamentario regionalista Sergio Sayas ha asegurado que Beaumont se ha mostrado «incapaz de dirigir la Policía» y además «ha fracasado en todo lo importante».
Como ejemplos ha citado la Ley de Policías de 2015 que ahora se quiere sustituir por otra pactada por Geroa Bai y EH Bildu con APF y SPF; el decreto anulado de jefaturas y horarios; y el Plan Director de la Policía Foral, remitido hace meses al Parlamento y aún sin tramitar.
Un plan que UPN quiere que sea retirado y por ello pone esta demanda como segunda condición para apoyar la nueva ley, mientras que como tercera ha citado la reversión de los recortes que a su juicio se han aplicado a los servicios policiales.
Sayas ha añadido que para que UPN vote a favor se deberán cumplir estas tres condiciones y además aprobarse las enmiendas parciales que presentará su partido al proyecto de ley.
Si sus exigencias no se aceptan el «sí» no será posible «en ningún caso», ha dicho Sayas, pero ha comentado que aun sería posible la abstención de UPN si se apoyan sus enmiendas al proyecto de ley.
Con ellas, ha dicho, buscarán «suprimir» la comisión de garantías, con la que EH Bildu pretende dar una imagen de los policías «como si fuesen mamporreros»; atender a los agentes locales, que son «los olvidados»; y que la flexibilidad «sea un elemento subsidiario, pero no como consecuencia de una mala organización».
UPN ha tomado estas decisiones tras las reuniones mantenidas por su presidente y Sergio Sayas como los sindicatos APF, SPF y SPM de Iruñea, en las que la formación regionalista ha asegurado su disposición a apoyar las medidas que sirvan para revertir «el clima de desgaste» que sufre la Policía.
Un clima que Sayas ha atribuido en primer lugar a la «soberbia» de Beaumont y a su «renuncia al diálogo» tanto con partidos como con sindicatos, pero también a quienes en 2015 aprobaron la ley que ahora se pretende modificar y que «son precisamente los grupos que ahora registran la proposición de ley».