Los 26 acusados, divididos sobre si reconocer o no la trama De Miguel

El mayor juicio reciente por corrupción en Euskal Herria (450 años de cárcel en juego) entra en fase decisiva el lunes si antes no hay acuerdo con la Fiscalía. Esta opción es difícil por la existencia de 26 acusados y también porque supondría reconocer una trama corrupta siempre negada, dejando en evidencia a un PNV que ha defendido su inocencia.

El «caso De Miguel», con tres exburukides del PNV en el banquillo y 450 años de petición fiscal, entra el lunes en la fase decisiva de declaraciones de los acusados. Pero a dos días vista caben tres posibilidades: que el entonces diputado alavés y el resto empiecen a testificar negando los hechos como hasta la fecha; que cierren un acuerdo con la Fiscalía por el que los asuman a cambio de una rebaja de penas; o incluso que la vista se suspenda para explorar esa opción.

‘‘El Correo’’ aseguró ayer que hay una vía de negociación al respecto entre Fiscalía y defensas, algo que el presidente del tribunal, Jaime Tapia, no confirmó pero tampoco desmintió. Con todo, la señal clara de que esa maniobra está en marcha es que algunas defensas se apresuraron a desmarcarse. La del exburukide Aitor Telleria, responsable también de una empresa en el parque de Miñao del que afloró la trama, aseguró a ETB que no apoyará un arreglo.

La encrucijada es muy compleja porque en el banquillo hay sentadas nada menos que 26 personas, y encontrar una solución satisfactoria para todas resulta una labor de encaje de bolillos, dado que las condenas pedidas por la Fiscalía son muy diferentes y también lo es el peso de las pruebas contra cada uno. Según los entresijos de esa negociación desvelados por ‘‘El Correo’’, la Fiscalía estaría dispuesta a rebajar a un tope de diez años de prisión las mayores condenas (a Alfredo de Miguel, definido como «cerebro» de la trama de comisiones y adjudicaciones falseadas, se le piden 54).

Egibar y Urkullu

Para que eso ocurriera, obviamente los acusados tendrían que reconocer al menos parcialmente las corruptelas, y es ahí donde estriba el quid de la cuestión porque algunos imputados no están dispuestos a tal contradicción. El propio De Miguel ha subrayado siempre que el escrito de acusación es «rocambolesco»&flexSpace;y lo ha tildado de «relato fabulado».

La aceptación de los hechos tendría a su vez un rebote político en un caso que constituye el más grave de corrupción juzgado en Euskal Herria en los últimos años, no solo por los 450 años de petición total sino también por las responsabilidades políticas e institucionales de buena parte de los imputados.

Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz hace dos décadas y máximo dirigente del partido en Gipuzkoa, se ha distinguido especialmente en defensa de los acusados. Alcanzó eco el caluroso saludo a De Miguel en el Parlamento al estallar el escándalo, y también cuando arrancó el juicio en enero mantuvo su solidaridad con los acusados por «estos ocho años de calvario. Las personas que conozco, hasta la información que yo manejo, son inocentes».

Más distancia ha intentado tomar el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, que en ese momento procesal indicó que aunque finalmente hubiera condena, «será un caso aislado».

En el cortafuegos puesto en torno al partido, el PNV ha negado siempre que esta trama pueda esconder alguna financiación ilegal, sino en todo caso un beneficio particular. La Fiscalía no ha apuntado claramente en esa dirección, pero sí subraya que De Miguel y su grupo «eran personas amparadas por el stablishment». El fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, destacó en el inicio de esta larga vista oral que la petición de comisiones no se hacía «en un callejón oscuro», sino a través de «correos oficiales», lo que denota una amplia sensación de impunidad. Ello se desprende de la información aportada por la empresaria que destapó el caso, Ainhoa Alberdi. En su declaración ante el tribunal en marzo, Alberdi dijo que se le reclamó «textualmente» que «tenía que pasar por caja», y se declaró convencida de que «eso era tan fácil de hacer que yo no sería la única».

Otro fleco político es muy reciente. Desde EH Bildu al PP llamaron la atención recientemente sobre un contrato en Miñao con Stoa, una de las empresas implicadas en este «caso De Miguel», pero el PNV lo defendió en diferentes instituciones señalando que es legal y que procede de un concurso antiguo. La aceptación de una condena pondría en un brete esa alegación.

El juez habla de «mercadeo»

Mientras se aclara si se llega o no a un acuerdo, declaraciones del presidente del tribunal, Jaime Tapia, ayer a Radio Vitoria añadieron un plus más de confusión... o de escándalo. Opinó Tapia que un arreglo tiene «muchas desventajas» y coloca «en la mala situación» a los jueces porque parece que son «benévolos» al tener que aceptarlo.

El presidente del tribunal estimó que buscar un acuerdo entre Fiscalía y defensas supone como «ir a regatear el mercado». Y elucubró con que en estos y otros casos es posible que las fiscalías planteen peticiones iniciales excesivas para después «llegar a una conformidad».

Condena para seis gestores de Karrantzako Minda por su responsabilidad en la quiebra

La Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia ha calificado como culpable el concurso de Karrantzako Minda (KM) y condena a seis de sus consejeros a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, devolver 485.724 euros y, subsidiariamente, 1.772.279 a la constructora de la fallida planta de purines de Las Torcachas si la mercantil Ade Biotec no lo hace como ya fue condenada en marzo de 2017. La sentencia revoca una resolución anterior del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo, que consideró «fortuita» la quiebra de la sociedad que despilfarró más de 10 millones de dinero público y no resolvió el problema medioambiental generado por la actividad ganadera.

Los condenados son el administrador único, Ángel María Ruiz Quintano; el consejero delegado y anterior director de Innovación Tecnológica de Lakua, Martín Ascacibar; el exalcalde José Luis Portillo y exconcejal José Ignacio Muro, ambos del PNV; así como los ganaderos Manuel Fisure y Vicente Albisua. La sentencia, que puede aún ser recurrida en casación ante el Supremo, tiene su transcendencia, al mantenerse aún abierta una investigación penal en un juzgado de Balmaseda.

Los magistrados estiman, de forma parcial, los recursos de la Abogacía del Estado y administración concursal, resolviendo que la insolvencia de KM «se agravó» por la compra de unos terrenos en Matienzo que no eran aptos para levantar las instalaciones y demoraron su construcción, por los anticipos de los que se benefició Ade Biotec a pesar de que el proyecto no avanzaba y por el retraso en la solicitud del concurso hasta julio de 2011 cuando en diciembre de 2009 «se contataba la situación de insolvencia, que fue deliberadamente demorada».

Respecto al retraso motivado por la compra de Matienzo, el ponente incide en que no se exigieron avales técnicos «imprescindibles» como un estudio geológico previo o la opinión de la Agencia Vasca del Agua. «Una empresa privada, aunque su creación fuera impulsada por la administración pública, cuyos recursos esencialmente procedían de subvenciones y fondos públicos, actuó sin la diligencia que sería exigible de proceder los recursos propios del patrimonio particular de sus socios», destaca, lo que entiende incidió causalmente en la generación o agravamiento de la insolvencia.

Durante la instrucción judicial, como antes en la fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se alertó del irregular pago a Ade Biotec de una factura de 83.724 euros por «formación de los trabajadores» que no se llevó a cabo, algo que la Audiencia considera que «carece de explicación razonable». No fue lo único, pues tampoco se le reclamaron 400.000 euros por arras. Para el tribunal, estos pagos revelan «una incomprensible flexibilidad en la aplicación del contrato, que constituiría culpa grave, o una inexcusable falta de diligencia, que favorecía a una de las partes y disminuye la liquidez y recursos de quien luego es declarada en concurso».

Respecto a la desviación sobre el proyecto inicial, concluye que «pudo haber indefinición, y es discutible si alguna improvisación en la gestión empresarial», pero no se puede apreciar culpa.Agustín GOIKOETXEA