El Govern denunciará ante la Fiscalía a Lesmes y Díez-Picazo por la sentencia de las hipotecas
El Govern catalán ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado español para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron delito en la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas.
La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que la denuncia se presentará presumiblemente el próximo martes, día 13, tras la reunión del Ejecutivo catalán.
Según Artadi, la Fiscalía está «obligada a investigar» si ha habido delito en el «cambio de una sentencia firme», después de que el Supremo acordara que sea el cliente quien abone el impuesto de actos jurídicos documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que dio un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
La rectificación tuvo lugar, ha remarcado Artadi, en una «inusual convocatoria de la sala del tribunal» para volver a debatir la doctrina respecto a este asunto.
A su juicio, ha habido una «vulneración de los derechos de toda la ciudadanía», con unos «procedimientos» judiciales que Artadi considera dudosos y unos «posibles intereses particulares» que han podido influir en la decisión.
Artadi ha señalado que «los dos principales responsables» de esta rectificación del Supremo en relación con las hipotecas son Lesmes y Díez-Picazo, si bien ha dejado en manos de la Fiscalía la concreción de los delitos que pueden haber cometido.
Aunque el Govern había sopesado llevar el caso «directamente al Tribunal Supremo», tras valorarlo con sus servicios jurídicos, ha estimado que esta vía no tendría recorrido, por lo que lo elevará a la Fiscalía.
El caso de las hipotecas se suma, ha dicho Artadi, a otros episodios que demuestran que «la injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho».
Se ha referido a la petición de «más de 200 años de cárcel para quienes defienden la democracia», en alusión a los dirigentes independentistas procesados por el 1-O, así como a la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso Bateragune.