La oposición reclama un estudio sobre «la corrupción y el clientelismo» en la CAV
Los grupos de la oposición en el Parlamento de Gasteiz han pedido que la UPV/EHU elabore un estudio sobre «la corrupción y el clientelismo» en la CAV, en el que se analice el alcance de estas prácticas y su impacto económico y social. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP han acusado al PNV de fomentar el «amiguismo», unos reproches que los jeltzales han tachado de «difamación».
El pleno de la Cámara autonómica ha debatido este jueves una iniciativa de Elkarrekin Podemos en la que se recogía el encargo del citao informe, ante la que PNV y PSE han presentado sendas enmiendas de totalidad.
Aunque todos los grupos ya han fijado su posición en el transcurso del debate, la votación de la iniciativa y, en su caso de las enmiendas, no se producirá hasta el final de la sesión plenaria, con el fin de garantizar que puedan votar todos los parlamentarios que este jueves participan en la campaña de donación de sangre que se está desarrollando en la Cámara.
La propuesta de Elkarrekin Podemos, a la que EH Bildu y el PP han expresado su apoyo, insta al Gobierno de Lakua a encargar a la UPV/EHU un estudio sobre «la corrupción y el clientelismo» en la CAV.
El informe debería determinar «el volumen, tipología e impacto negativo» de estas prácticas en el empleo, la recaudación fiscal, la competividad económica, la igualdad ed oportunidades y la calidad de los servicios públicos.
La propuesta reclama que el estudio se presente en el Parlamento antes de nueve meses e incluya un apartado de recomendaciones «para la erradicación de estas lacras sociales, políticas y económicas».
Por su parte, el PNV ha presentado una enmienda en la que rechaza «cualquier uso indebido e ilícito» de los recursos públicos para fines privados. El texto incluye el compromiso de impulsar la aprobación de una ley de transparencia en la actividad pública con la mayor «celeridad» posible.
La enmienda del PSE también expresa un «rechazo» a «cualquier forma de corrupción que implique un mal uso del poder legítimo con el fin de lograr una ventaja ilegítima e ilegal». Al igual que el PNV, este partido se compromete a seguir trabajando para la aprobación de una ley que refuerce la transparencia.
Casos De Miguel y Margüello
En el transcurso del debate, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga ha denunciado el «clientelismo» y la «corrupción» que existe décadas en las instituciones de Euskadi, una situación de la que ha responsablizado al PNV.
Tras recordar presuntos casos de corrupción o irregularidades como las investigadas en los casos ‘De Miguel’ y ‘Margüello’ o las oposiciones de Osakidetza, ha acusado al PNV de actuar como «amigo» de «la impunidad y el clientelismo», al fomentar que personas relacionadas con la formación jeltzale «tengan más oportunidades que otras» en cuestiones como el acceso a contratos públicos.
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha reclamado medidas que contribuyan a la «higiene democrática», y ha reprochado al PNV su falta de «voluntad» para combatir el clientelismo y la corrupción. Además, ha recordado que su grupo ya ha registrado diversas propuestas en este sentido, entre ellas, la creación de una oficina y una fiscalía anticorrupción para el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Desde el PP, Nerea Llanos ha denunciados que la práctica totalidad de los contratos públicos de la CAV se adjudican a empresas «vinculadas al PNV», al que ha acusado de fomentar esta forma de «clientelismo». «Ser del PNV da infinitamente más puntos que cualquier otro criterio», ha asegurado.
«Tesis prefijada»
Ante estas críticas, el parlamentario del PNV David Latxaga ha reprochado la actitud de aquellas formaciones que han acudido al debate «con la tesis prejifada que vincula al PNV con oscurantismo y tramas», y ha censurado la «difamación» de la que ha sido objeto su partido.
Desde las filas del PSE, José Antonio Pastor ha reafirmado el compromiso de su grupo contra la corrupción, y ha destacado que cuando su partido estuvo al frente del Ejecutivo de Lakua, durante el mandato de Patxi López, llevaron a los tribunales todos los casos sobre los que había «sospechas» de irregularidades.