La familia exige al Opus que se posicione sobre la postura del colegio Gaztelueta
La familia del joven que sufrió abusos sexuales por un profesor del colegio Gaztelueta de Leioa ha acusado a los responsables del centro educativo de no respetar ni acatar las sentencias judiciales y ha interpelado al Opus Dei si avala la postura del colegio. Ha reclamado al Departamento de Educación del Gobierno de Lakua que retire «cualquier tipo de subvención o ayuda pública» al centro y a la Fiscalía de la CAV que estudie acciones contra el colegio.
El padre y la madre del alumno que fue víctima de abusos sexuales por un exprofesor del colegio Gaztelueta que ha sido condenado a once años de prisión, ha comparecido en Haro, donde reside, para salir al paso de las declaraciones del director del centro, Imanol Goyarrola, y del presidente de la entidad titular, Juan Anguisola, en las que defendían al exprofesor y restaban credibilidad al alumno.
A la vista de las manifestaciones que hicieron y de los argumentarios que expusieron, han acusado al colegio de no respetar ni acatar las sentencias judiciales y han exigido que «quienes deben responder a la ya insoportable actitud de un colegio religioso concertado y acogido a una filosofía de educación diferenciada, lo hagan de modo urgente y sin contemplaciones». A su juicio, la «alarma social» producida por la «incalificable respuesta y valoración que los responsables del colegio Gaztelueta hacen de una sentencia contundente, razonada e impecable» exige que «una reacción firme no admita demoras, excusas ni vacilaciones a la hora de tomar las medidas precisas e ineludibles para censurar comportamientos que vulneran el Estatuto de la Víctima».
La familia Cuatrecasas «no da crédito» al «triste y patético espectáculo» ofrecido por la dirección del centro y se pregunta si el colegio, como obra corporativa del Opus Dei, «habla con la autorización de esa Prelatura».
Entienden que «de no surgir en los próximos días un comunicado oficial a través de la oficina de prensa del Opus Dei, avalan sin fisuras la postura del colegio, debido al concepto piramidal de la organización y a la condición de numerario del condenado, profesor de religión de colegio».
Para la familia, con sus declaraciones Goyarrola y Anguisola se creen situados «por encima del bien y del mal, arrastrando por el suelo los principios y valores de los que tanto presumen». Por lo tanto, consideran que no están capacitados «para seguir al frente de ninguna institución que afecte a la integridad y al desarrollo de la personalidad de infantes y adolescentes».
Llamamiento a Lakua y a la Fiscalía
Por ello, hacen un llamamiento al Departamento de Educación del Gobierno de Lakua para que «tome cartas en el asunto, exigiendo su cese inmediato y retirando cualquier tipo de subvención o ayuda pública a este centro escolar concertado mientras siga con tan hostil e imperdonable posicionamiento respecto a una víctima de acoso escolar, abusos y agresiones sexuales».
Han criticado que el colegio Gaztelueta, la Prelatura y el Obispo Mario Iceta, «lejos de acompañar» al alumno víctima de abusos sexuales «como bien recomienda el Papa Francisco, han estado ausentes y eso en el mejor de los casos». Van más allá y afirman que Gaztelueta «ha traspasado la muga, ya no solo atacando a la víctima sino defendiendo a su pederasta al igual que ha ocurrido en la Iglesia en países como Chile, Irlanda, Australia, Polonia, Estados Unidos, tapando la cruda realidad y enviando al culpable a otro lugar como si con esa medida se arreglase el dilema». Por ello, piden a la Fiscalía del TSJPV que estudie acciones contra el centro.
La familia reitera que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra Goyarrola y Anguisola, «en base a sus graves acusaciones», aunque cree que la comparecencia de estos «da para que intervenga la Fiscalía, para empezar, por una humillación a la víctima».