Un cambio de nombre unilateral y una noticia de 2009, el saldo del Consejo de Ministros en Barcelona
Múltiples protestas, algunos altercados, una docena de detenciones, una omnipresente presencia policial y un insulso Consejo de Ministros en lo que al conflicto con Catalunya se refiere han protagonizado la mañana en Barcelona, donde el Gobierno español ha aprobado la subida del salario mínimo a los 900 euros mensuales y un incremento salarial del 2,25% para el funcionariado.
El 14 de octubre de 2009, el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el conseller de Interior, Joan Saura, viajaron a México para entregar de forma oficial a la nieta del president Lluís Companys, Maria Lluïsa Gally, un documento en el que el Estado español reconocía que el presidente legítimo de la Generalitat republicana «sufrió violencia por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente condenado a muerte por una sentencia impuesta por un ilegítimo Consejo de Guerra».
Más de nueve años después, el Consejo de Ministros celebrado esta mañana en una Barcelona blindada por Mossos, Policía española y Guardia Civil, ha tratado de pasar como novedad la aprobación de una declaración –sin ninguna implicación legal– por la reparación, reconocimiento y restitución de Lluís Companys. Sin embargo, la anulación del Consejo de Guerra contra el president fusilado en Montjuïc, largamente reclamada desde Catalunya, volvió a quedar postergada, pese a la existencia de un acuerdo entre PSOE y ERC para llevarla a cabo.
Ha sido una de las tres grandes medidas anunciadas por la Moncloa como pretendido gesto a Catalunya. El segundo, filtrado a primera hora de la mañana, ha sido el cambio unilateral de nombre aprobado para el aeropuerto del Prat, que pasará a llamarse aeropuerto Josep Tarradellas, en referencia al president de la Generalitat, que regresó del exilio en 1977 a una Generalitat restaurada antes de que la Constitución del 78 fuese restaurada.
Otro president exiliado, Carles Puigdemont, no ha tardado en ironizar ante una medida que la propia Generalitat pidió a la Moncloa que no tomase de forma unilateral. «La queja por el aeropuerto no era por el nombre. Era y es por la gestión. Les pides la gestión y te imponen un cambio de nombre. Les pides decidir el futuro y te imponen el 155», ha escrito en Twitter.
La tercera medida: una partida mil veces prometida y nunca realizada de 112 millones de euros para infraestructuras viarias.
Subida del SMI sin presupuestos
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado por decreto la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 900 euros; un incremento largamente reclamado por movimientos y entidades sociales que hasta ahora el Gobierno insistía en ligar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Junto a ello, la portavoz del ejecutivo, Isabel Celá, también ha aprobado un aumento salarial de 2,25% para los funcionarios, una medida también reclamada largamente desde la función pública.
Intensa jornada de protestas
Aunque las protestas han sido múltiples, con episodios de tensión incluidos, el nivel de intensidad no ha llegado al que podía esperarse en jornadas previas. Un descomunal despliegue policial se ha encargado de blindar la Llotja de Mar, donde se celebraba el Consejo de Ministros. De hecho, el dispositivo de seguridad se ha encargado de colapsar el centro de Barcelona antes de que cualquier manifestante saliese a la calle.
A lo largo de la mañana, los cortes de carretera han sido incontables, tanto en Barcelona como en sus accesos, además de en otros puntos de la geografía catalana. En Barcelona, han existido momentos de tensión, primero entre los propios manifestantes, ya que algunos grupos encapuchados han sido increpados por manifestantes a cara descubierta. En algunos cordones policiales manifestantes y antidisturbios han chocado también, dejando un saldo de 12 detenidos.
La principal manifestación de la jornada, en cualquier caso, será la movilización unitaria que, a partir de las 18.00 recorrerá las calles de Barcelona.