Bolsonaro despliega tropas federales ante su primera crisis de seguridad
El ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha ordenado el despliegue de tropas federales en el nordestino estado de Ceará, gobernado por el Partido de los Trabajadores (PT), para afrontar su primera crisis de seguridad tras dos días de incidentes y ataques incendiarios, cuyo origen podría estar en el anuncio del recién elegido gobernador, Camilo Santana, de su intención de debilitar el poder de las bandas criminales en las prisiones.
Unos 300 agentes de la Policía Militarizada comenzaron a desplegarse ayer en el estado brasileño de Ceará, ubicado en una ruda del narcotráfico y uno de los más violentos del país, que esta semana ha sido sacudido por una ola de vandalismo, que pudo ser orquestada por bandas que operan desde las cárceles.
El despliegue de las tropas federales en esa región del noreste, cuyos estados son los más empobrecidos del país y feudo del PT, fue autorizada por el Gobierno el ministro de Justicia, Sergio Moro, a petición del gobernador de Ceará, Camilo Santana, tras decenas de ataques incendiarios que pueden ser una respuesta a las medidas para endurecer las normas en las prisiones anunciadas esta semana por Santana para reforzar los controles internos para restar poder a bandas delictivas cuyos jefes actúan en el interior de las cárceles, con cientos de cómplices en las calles. Los cambios incluyen el bloqueo de las señales de telefonía móvil y la decisión de poner fin a la separación de reclusos por facciones que controlan los presidios. Dos bandas criminales han dejado a un lado su rivalidad para enfrentarse a las autoridades, según informó la web de noticias G1 citando a oficiales de seguridad.
Los ataques en varias regiones de Ceará, incluida la turística Fortaleza, capital regional, no cesaron tras el anuncio el viernes del envío de tropas.
Fortaleza fue una de las ciudades afectadas en 2018 por una guerra de mafias carcelarias rivales que dejó más de un centenar de muertos en las prisiones.
La situación en esa región del noreste supone la primera prueba para las políticas de seguridad de Bolsonaro, el ultraderechista que asumió el poder el pasado 1 de enero y que, en su campaña electoral, tuvo entre sus principales banderas el endurecimiento del combate al crimen, que en Brasil causa anualmente unas 60.000 muertes, y la promesa de flexibilizar la compra y posesión de armas por parte de la ciudadanía –pretende aprobar un decreto en ese sentido ya en enero– para luchar contra esa lacra. Aunque para ello pide también «garantías» para que las fuerzas de seguridad actúen «en favor del ciudadano de bien», es decir, respaldo a la ley con la que pretende dar impunidad a los policías que maten delincuentes en acto de servicio para reducir las altas tasas de criminalidad. 5.000 de las 64.000 muertes violentas de 2017 fueron causadas por policías.
Survival: «Es una declaración de guerra a los indígenas»
Survival Internacional acusó a Jair Bolsonaro de haber iniciado su Gobierno «de la peor forma posible», con una declaración de guerra contra los indios de Brasil y contra sus territorios. Criticó el decreto que firmó el martes, que transfiere la responsabilidad de delimitar las reservas indígenas de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura. Con el decreto, la delimitación de tierras para indios, quilombolas (descendientes de esclavos prófugos) y campesinos inscritos en programas de reforma agraria dependerá de Tereza Cristina Correa, una hacendada que coordinaba a los propietarios rurales en el Congreso con «un largo historial de oposición a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y que apoya la expansión de la agropecuaria en sus tierras». Para Survival, la decisión «es virtualmente una declaración de guerra contra los indios en Brasil. Se trata de un ataque a sus derechos, su vida y sus medios de subsistencia, ya que sin protección para sus tierras las minorías enfrentan la amenaza de un genocidio y los pueblos aún no contactados pueden ser diezmados». GARA