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Abalos y Aburto pactan para junio un convenio para soterrar Feve en Zorrotza

Tras la reunión mantenida ayer a la tarde en Madrid entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto; y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el Ejecutivo español se compromete a licitar para marzo el estudio informativo previo y a rubricar para el 30 de junio el convenio que sustente el proyecto se soterramiento de la línea de Feve en Zorrotza.

Aburto, Ábalos y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Tras la reunión mantenida ayer a la tarde en Madrid entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto; y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el Ejecutivo español se compromete a licitar para marzo el estudio informativo previo y a rubricar para el 30 de junio el convenio que sustente el proyecto se soterramiento de la línea de Feve en Zorrotza.

Después de cuatro años de promesas incumplidas con dos muertes más en uno de los pasos a nivel, a las puertas de unas nuevas elecciones municipales, Gobierno español y Consistorio bilbaino acordaron la firma de un protocolo que el propio primer edil consideró «firme y sólido». Juan Mari Aburto explicó que es la primera vez en que el Ejecutivo fija fechas y lo plasma en el documento que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

En ese protocolo se establece que para el 30 de junio estará el convenio en el que se recojan fechas, anualidades presupuestarias y plazos de ejecución. Consciente de que va a ser «un proceso largo», Aburto destacó que el ministro se comprometió a licitar para marzo el estudio informativo, vital para el posterior desarrollo del proyecto. Fomento y el Ayuntamiento pagarán el 50% del coste de los trabajos.

En los previos a la reunión, el movimiento vecinal de Zorrotza había manifestado que no estaban dispuesto a tolerar más retrasos «y mucho menos que nos vuelvan a tomar el pelo». Además de exigir que se estableciesen fechas concretas y los pasos a seguir para comenzar las obras, reclamaron que fuera un acuerdo «blindado» a cambios en las instituciones.