¿Cuándo prescribe la memoria selectiva?
La última aportación remitida por el PSE a la Ponencia de Memoria y Convivencia recogiendo que «no se trata de compartir el nunca más, sino de asumir que nunca antes» puede ser interpretada también en los términos de la relación que este partido ha tenido con el GAL antes y con la tortura ahora.
El 30 de julio se cumplirán diez años del último atentado mortal de ETA, que mató en Calvià (Mallorca) a los guardia civiles Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada. Después, en un enfrentamiento no premeditado, en marzo de 2010, acabó con la vida del gendarme Jean-Serge Nérin. El paso de esa década es un dato importante, como se podrá comprobar.
El último atentado mortal «oficial» del GAL mató a Juan Carlos García Goena el 24 de julio de 1987. Pero el 20 de setiembre de 1989, la explosión de un paquete bomba enviado por Correos al militante de HB de Errenteria Alfonso Salazar acabó con la vida del cartero José Antonio Cardosa. Covite recoge en su «mapa del terror» que el ex director general de la Guardia Civil Luís Roldán declaró ante el juez Baltasar Garzón, en uno de los sumarios de los GAL, que además de durante el mandato de José Barrionuevo también en la etapa de José Luís Corcuera se produjeron acciones de guerra sucia, y acusó al Ministerio de Interior de estar detrás del envío de cartas bombas a militantes de la izquierda abertzale. Tampoco cabe olvidar que el 20 de noviembre de 1989 se atentó contra diputados y senadores electos de HB, además de algunos acompañantes, matando al redactor jefe de “Egin” Josu Muruguza e hiriendo de gravedad al abogado Iñaki Esnaola.
Al romper la discreción pactada por la Ponencia de Memoria y hacer pública su propuesta, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, afirmó que «no se trata de compartir que nunca más, sino de asumir que nunca antes», pretendiendo culpar a EH Bildu de no admitir debidamente el pasado según los parámetros éticos que pretende marcar su partido y que, reconoció, planteó «sin que el resto de los participantes en el foro hayan querido participar de esta reflexión».
La asunción del «nunca antes» que pide Idoia Mendia debería, cabe suponer, el reconocimiento de responsabilidades, y no consta en la hemeroteca que ni el PSOE ni el PSE hayan admitido su responsabilidad en la puesta en marcha del GAL, pese a que por ello fueran condenados, entre otros, un ministro del Gobierno de Felipe González, un secretario de Estado, un delegado del Gobierno y un secretario general del mismo PSE.
Por contra, en su día, el 3 de marzo de 1995, en el que a iniciativa de Ezker Batua se debatía la creación de una comisión de investigación sobre los GAL, el portavoz del PSE en el Parlamento de Gasteiz pedía que no se presumiera la responsabilidad penal de Julián Sancristóbal o Rafael Vera. «Nosotros, los socialistas –decía Fernando Buesa–, creemos en la inocencia de estas personas, y somos además solidarios con ellas y con la dedicación que tuvieron en la lucha por erradicar la violencia terrorista en nuestro país».
Después añadía que «los GAL, señorías, son un asunto acabado, afortunadamente; sus actividades terminaron hace nueve años. El contraterrorismo es una cuestión erradicada por fortuna en nuestro país desde 1986».
Además de hablar del GAL en términos de «contraterrorismo», según el PSE el hecho de que «hace nueve años» terminara la actividad del GAL (si no se atiende a la muerte del cartero José Antonio Cardosa ni de Josu Muguruza en 1989) hace que en palabras del parlamentario del PSE «los GAL no son hoy un problema que afecte a la ciudadanía, no son por eso un problema político de primer orden, salvo naturalmente para aquellos partidos empeñados en acosar y derribar como sea al Gobierno socialista de Felipe González».
Concluía que «debatiendo aquí, en el Parlamento Vasco, en Euskadi y entre vascos, sobre tramas terroristas, es de una enorme hipocresía gastar tanta pasión política sobre los GAL, que desaparecieron hace nueve años, cuando el problema terrorista de hoy es la trama KAS, ETA, Movimiento de Liberación Nacional Vasco y HB».
Pero la referencia temporal, esos «casi nueve años» que parecen hacer prescribir la actuación de los GAL, no fueron solo un recurso de oratoria parlamentaria. Un año más tarde, en agosto de 1996, José Antonio Ardanza convocó al Pacto de Ajuria Enea para denunciar la excarcelación del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo tras el secuestro y muerte de Joxi Zabala y Joxean Lasa. En el documento que el PSE llevó a la reunión, en el punto 4 d), podía leerse: «Recordar que la trama de los GAL dejó de actuar hace casi 10 años y no constituye hoy un peligro o amenaza para la sociedad».
Cabe recordar la opinión que tenía Ramón Jáuregui sobre los atentados del GAL, que mataron a 26 personas mientras él era delegado del Gobierno en al CAV: «Por encima de las valoraciones morales o éticas, no podemos ignorar las consecuencias prácticas operativas de la irrupción del GAL en el escenario de los terroristas, que ahora no pueden sentirse tranquilos donde antes lo estaban. Alguien les está pagando con su misma moneda». Y lo dejó escrito en el libro “El país que yo quiero”
Está bien recoger en escritos, como hace ahora el PSE, que se está contra el GAL&punctSpace;y contra la tortura, pero en el momento de pasar a los hechos cabe apuntar cuál fue su reacción al informe gubernamental elaborado por Paco Etxebarria sobre los malos tratos, respondiendo a los minutos de que se publicara que «consideramos un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido»
Y ahora que se cumple el 39 aniversario de la bomba contra el bar Aldana de Alonsotegi que mató a cuatro personas, el PSE considera «inasumible» el punto de la moción que pide «exigir al Estado español asumir su responsabilidad sobre la guerra sucia y el daño provocado».
Cabe pensar que la memoria debe ser completa, y si unas vulneración de derechos prescriben en términos de exigencia de responsabilidades políticas a los diez años, otras también.