Turull socava la tesis de la Fiscalía y Romeva acusa al tribunal

Jordi Turull mantuvo ayer un agrio doma y daca con el fiscal Jaime Moreno, mientras que Romeva respondió solo a su abogado. La semana que viene será el turno de Rajoy y Urkullu.

El juicio contra el independentismo catalán metió ayer una marcha más. Aunque solo declararon Jordi Turull y Raül Romeva, el Tribunal Supremo anunció que el martes que viene, a las 10.00, arrancarán las pruebas testificales, lo que significa que el tribunal espera completar las declaraciones de los acusados –faltan ocho– esta misma semana, algo que podría obligar a habilitar el viernes. En cuanto a la jornada de ayer, se repitió el patrón del pasado jueves, con ciertos matices. Turull no esquivó un contundente enfrentamiento con el fiscal Jaime Moreno, mientras que Romeva declinó responder a las acusaciones, contestando solo –y con un marcado perfil político– a las preguntas de su abogado.

La jornada empezó con Turull haciendo de Turull. Es uno de los políticos catalanes más hábiles en el toma y daca parlamentario, no le hace ascos al barro ni le importa el tono agrio que pueda alcanzar una discusión. Fue uno de los azotes del Tripartit con CiU en la oposición, defendió contra viento y marea –y contra toda evidencia– a su partido cuando el caso Palau y otros casos de corrupción condenaron a muerte a la vieja Convergència, y fue también uno de los tres diputados del Parlament que, en 2014, acudió al Congreso a proponer una consulta acordada. «Es que ni siquiera hubo una toma en consideración, nos dijeron que no», le espetó ayer al fiscal tras narrarle los esfuerzos negociadores realizados estos años por la parte catalana.

Turull trató de contrarrestar las preguntas del fiscal arremetiendo contra la base que sustenta su acusación, que pasa por la existencia de un comité secreto con un plan premeditado para movilizar a la ciudadanía y utilizarla para conseguir, con violencia si llegase el caso, la independencia. «No se buscaba la determinación ciudadana, esta existía y había que darle salida política», explicó Turull, dando la vuelta a la tortilla: fue en base al principio democrático y a la demanda ciudadana que se organiza el 1-O. «Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas, no son gente militarizada a la que le dices ven y lo hace; la gente en Catalunya, sea independentista o no, tiene criterio. (...) El movimiento independentista va de abajo hacia arriba», añadió Turull, que ayer sumó, entre sus dos estancias en la cárcel, un total de 365 días en prisión. «Por algo que no merece reproche penal», recordó ayer al fiscal.

Turull tampoco desperdició la ocasión para devolver las acusaciones. Apuntó que él solo recibió una advertencia del Tribunal Constitucional antes del 1 de octubre y recordó que, entre 2012 y 2017, el Gobierno español incumplió más de una veintena de sentencias del Tribunal Constitucional, como la que le obliga a transferir a Catalunya el 0,7% de lo recaudado con el IRPF: «Ponerse el traje de constitucionalista va muy bien, porque te puedes saltar lo que diga el Tribunal Constitucional cuando quieras. En cambio, con el traje de independentista, por un solo auto llevo un año en la cárcel. Y después nos dirán que no nos persiguen por nuestras ideas».

Turull se bregó con el fiscal cuerpo a cuerpo, pidió amparo en varias ocasiones al presidente del tribunal ante las constantes interrupciones de la acusación, y echo mano más de una vez de la ironía, arma imprescindible para todo parlamentario que se precie. «Usted era socio de Òmnium Cultural o de la ANC?», preguntó el fiscal. «Yo soy socio de Òmnium Cultural, de Cáritas Diocesanas, de la Fundació Catalana de l’Esplai, de Intermón Oxfam, y del Rac también». «¿Recibió notificaciones del Tribunal Constitucional?», volvió a la carga la acusación fiscal. «Solo una, el 12 de setiembre. Firme la providencia y acto seguido tuve que firmar la primera querella preventiva por desobediencia continuada. No me dio tiempo ni de guardar el bolígrafo».

El exconseller de Presidència, que mantiene el acta de diputado y que en marzo del año pasado pudo haber ingresado en la cárcel como president de la Generalitat –la CUP optó por no prestar los votos para que fuese elegido en primera votación–, defendió, en resumen, el relato que sostiene que la parte catalana siempre buscó, también después del 1-O, una negociación política con el Gobierno español. Lamentó, sin embargo, que «menos política, el Estado está dispuesto a hacer de todo».

Acabar con el embrujo

Fue exactamente el mismo relato de fondo que defendió el exconseller de Exteriores y actual diputado en el Parlament, Raül Romeva, que llegó a recordar que, como responsable de relaciones internacionales, tuvo conocimiento de primera persona de ofrecimientos importantes de mediación durante el mes de octubre de 2017. La respuesta española, sin embargo, siempre fue la misma. «No, nie, nein», resumió Romeva.

Pero Romeva, que fue eurodiputado durante una década como militante de ICV, no empezó por ahí su alegato, en el que declinó responder a las acusaciones, igual que Oriol Junqueras. El inicio fue este: «Soy diputado en el Parlament de Catalunya suspendido de sus funciones por este tribunal y justamente hoy cumplo un año, 365 días, en la cárcel, por lo que me considero un preso político». Merece la pena detenerse un momento, pues durante el trasiego de las cuestiones previas y las primeras declaraciones se ha trasladado la imagen de que el partido se juega entre defensas y acusaciones, con un árbitro imparcial que modera el juego; en este caso, además, con unas formas muy bien cuidadas. En este sentido, Romeva rompió el embrujo de buenas a primeras, señalando la responsabilidad del tribunal en todo este proceso.

Dicho esto, y conducido en todo momento por su abogado, Andreu Van den Eynde, Romeva se presentó como una persona ligada al activismo por la paz y defendió el derecho a la autodeterminación como un derecho que evoluciona y que sirve, en la actualidad, como medio de resolución de conflictos. Explicó su tránsito del federalismo al independentismo a raíz del fallo del TC sobre el Estatut, acusó al Estado de ejercer la única violencia del 1-O, limitó la declaración de independencia del 27-O a una resolución parlamentaria y acabó con un ruego al tribunal: «Devuelvan esta carpeta al lugar de donde nunca tenía que haber salido, la política».