Una carta de proximidad en la era de la liberalización postal

Dos localidades vascas, Aldude y Hendaia, se movilizan estos días en defensa de un servicio de proximidad como es el postal. Dos ejemplos de resistencia local ante la metamorfosis a gran escala que aborda el grupo La Poste tras el abandono del estatus público.

Los electos del valle de Aldude (Nafarroa Beherea) respiraron algo más tranquilos tras su paso, el pasado martes, por la Subprefectura de Baiona. La labor de presión desarrollada, con el respaldo de la asociación local Aiba, dio ese día un primer fruto. Ese cónclave, al que se sumaron varios electos estatales y departamentales, además de representantes de la Cámara de Comercio e Industria (CCI), llevó a la dirección de La Poste a desistir del propósito de cerrar de manera inminente la oficina de correos de Aldude.

Fue el primer edil de Urepele, Mixel Ernaga, el primero en hacer sonar la voz de alarma al poner al descubierto el incumplimiento por La Poste del acuerdo adquirido vía la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF). Su denuncia fue clave para dar la vuelta a un cierre que en el valle se veía como irreversible. De hecho, los responsables de La Poste habían logrado acercar al propio alcalde de Aldude, Bernard Harispe, a su esquema de trabajo, que abocaba al cierre de la oficina pública para trasladar una parte del servicio de correos a un comercio local.

Ernaga dejaba sentado que «una alteración del servicio a ese nivel precisa de un acuerdo unánime» de los electos de las localidades a las que presta servicio esa oficina, posición secundada igualmente por su homólogo de Banka, Mixel Ozafrain. Finalmente, ese paso sirvió para abrir una vía de diálogo que, de cumplirse el compromiso expresado en la reunión de Baiona, debería garantizar no solo el mantenimiento, sino incluso una ampliación del servicio.

Un requisito de mejora imprescindible a ojos de vecinos como Estitxu Sabarots, una productora local que recurre de forma habitual a la venta vía postal y que, al calor de la polémica, se quejaba, en declaraciones a Mediabask, de que hasta la fecha «La Poste no ha mostrado gran interés» en conservar y modernizar sus instalaciones en Aldude.

La senadora socialista Frédérique Espagnac, que registró una pregunta en la Cámara Baja dando eco a las preocupaciones de los vecinos, hacía constar el importante respaldo con que cuenta este servicio en esta zona rural. Y recurría a un ejemplo esclarecedor, datado, a apenas quince kilómetros de Aldude. Efectivamente, en 2015, ciudadanos, empresas y electos dieron batalla para mantener en Baigorri el servicio de correos.

«Cerca de 200 personas ocuparon la oficina postal y se organizó incluso una consulta ciudadana en la que participó el 62% de los electores inscritos y en la que el 98% de los votantes se posicionaron por el mantenimiento de la oficina de correos y del centro de servicios», recordaba Espagnac. Un precedente que en Aldude tienen muy presente, por más que aquí y ahora la prioridad sea que, en una nueva reunión prevista para este mismo mes, tomen forma los compromisos arrancados a la dirección local de La Poste, que, por el momento, no se explaya demasiado sobre sus intenciones.

Postal turística

Hendaia, por su parte, tiene abierto un doble frente en defensa de los servicios públicos. Paradójicamente, la progresión demográfica del municipio labortano, factor que a priori le situaría en ventaja frente a poblaciones rurales como Aldude, no ha evitado que tanto la oficina de impuestos como una de las delegaciones de correos hayan decidido bajar la persiana.

El primer despacho postal en el hoy populoso barrio de la playa vio la luz en 1905. Tras prestar servicio en el caserío Sokoburu y luego en un local aledaño al emblemático edificio Eskualduna, se trasladó allá por 1952 a su actual ubicación. El pasado jueves por la tarde, una empleada cerraba por última vez la puerta de la delegación postal de la calle Aubépines, con evidente emoción y el caluroso apoyo de decenas de vecinos.

Otra oficina de correos, si cabe con mayor historia, la de Pausu (Urruña), cerró antes sus puertas. En otoño pasado, el mostrador público fue sustituido por un punto de atención o relais, en que se prestan algunos de los servicios postales, no todos, y que se ubica en un kiosco del barrio.

«No vamos a irnos, vamos a modificar nuestra forma de estar». La respuesta inicial dada por La Poste a los electos de Aldude se entiende más fácilmente al calor del ejemplo de Pausu. El argumento encaja con el manual de comunicación de la insignia amarilla y azul, que en los últimos años aborda una profunda labor de metamorfosis con la que intenta salvar la piel en un mercado liberalizado y en ese paisaje cambiante en el que es más fácil avistar en la calle a un repartidor de paquetería de una multinacional que al cartero de toda la vida.

La evolución acelerada desde el servicio público a la diversificación del negocio –paquetería, servicio bancario, telefonía móvil, oferta digital...– a la que consagran sus esfuerzos los gestores de La Poste plantea algunos interrogantes. Entre ellos, el de la exoneración fiscal de la que, por prestar un servicio universal, goza una compañía que detenta el segundo patrimonio en edificios públicos más importante del Hexágono.

Un mensaje desde Grenoble

«El modus operandi se repite: primero viene la reducción de horarios; después, la dirección aborda lo que llama el diagnóstico compartido con la alcaldía concernida o, simplemente, remite a los electos un correo tipo en el que evoca la baja frecuentación o la preeminencia del servicio electrónico; todo ello para privilegiar la reubicación en un local multiservicios municipal o en un comercio privado y, de paso, para hacer responsables de la desaparición del servicio público a los usuarios y no a la privatización».

La explicación la da “Le Postillon”, una cabecera centenaria que fue recuperada en 2009 para dotar a la ciudad de Grenoble de un medio local crítico.

Efectivamente, La Poste se beneficia de una exención del 95% del impuesto de bienes inmuebles (Taxe foncière) y de la contribución territorial. No se trata de un regalo fiscal, si no de aportar a la compañía los recursos necesarios para que siga garantizando su presencia en todo el territorio. Esa exigencia se expresa en el marco legal francés pero también a través de las normas de Bruselas. Cuestión distinta es cómo reinterpreta La Poste esa función. El director general del grupo, Philipe Wahl, se guía por el plan estratégico 2015-2020, que conjuga ese «cambio de la forma de estar» con la amortización de oficinas y de miles de puestos de trabajo, que comenzó ya una década atrás. Según su esquema, «La Poste garantizará que el 95% de la población de cada departamento tenga acceso a un punto postal sito a menos de veinte minutos en coche».

Esto mientras remarca la caída en 120 millones de los ingresos que refleja el balance de 2018 y que atribuye al derrumbe del volumen postal, pero también a los bajos tipos de interés que lastran su negocio bancario y a la presión alemana en el sector de paquetería. Por si fuera poco, a finales del año paso, dentro de su paquete de medidas para calmar el malestar social vehiculizado por los “chalecos amarillos”, Emmanuel Macron anunció que se tasarán esos otros negocios que desarrolla La Poste de forma paralela al servicio postal original. El fin de la exoneración fiscal parece llamar a la puerta.

Todos esos cálculos se traducen en decisiones que afectan a la vida de las personas, ya vivan éstas en zonas rurales o urbanas, en Aldude o en Hendaia, dos localidades que han colocado en el primer plano la batalla de la proximidad frente a la metamorfosis del mapa de los servicios públicos.