El dimitente Aldekoa asesora en la modernización de la Brigada Móvil

El exjefe de la Ertzaintza Jorge Aldekoa, que dimitió después de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia por la muerte de Iñigo Cabacas recogiera «errores, malas práxis, inacciones, etc.» en la actuación de la Ertzaintza, ahora asesora al viceconsejero de Seguridad en materias como «la modernización de la Brigada Móvil». Una de las últimas actuaciones de los «beltzas» partió la mandíbula a una joven en Bilbo con una bala de foam.

La sentencia por la muerte de Iñigo Cabacas a consecuencia de un pelotazo en la cabeza durante una carga de la Ertzaintza tras un partido del Athletic fue un auténtico varapalo a la forma de actuar de la Policía autonómica. Tras conocer la opinión de los jueces, Jorge Aldekoa, jefe del cuerpo, presentó su dimisión, aduciendo que el fallo «hace referencias explícitas a lo que considera errores, malas praxis, inacciones, etc. que, a juicio del Tribunal, se produjeron y de los que, aunque no se responsabiliza directamente a nadie, sí interpelan claramente a la organización de la Ertzaintza y del entonces Departamento de Interior del Gobierno Vasco».

Jorge Aldekoa dimitió el viernes 14 de diciembre de 2018. Pasado el fin de semana, aquel mismo martes, «le fue conferida por el viceconsejero de Seguridad» una «comisión de servicios voluntaria, bajo su dependencia directa».

Sus nuevas funciones son hacer seguimiento de «programas y proyectos» del Departamento de Seguridad que están «en implantación». Entre estas labores figuran «la modernización de la Brigada Móvil», la unidad antidisturbios de la Ertzaintza, la misma que recientemente partió la mandíbula a una joven en Bilbo con el disparo de una bala de foam, la munición que sustituye a las pelotas de goma.

«Actuación injustificada»

Hay que recordar que la sentencia por la muerte de Iñigo Cabacas dejaba claras tres cosas: que la Ertzaintza había actuado de forma «no justificada», ni por la normativa ni por las circunstancias; que hubo una «deficiente investigación policial» de los hechos que tuvieron consecuencias en el juicio; y que solo porque el tribunal debía ceñirse a los seis encausados en el proceso no podía entrar en «consideraciones jurídicas» sobre la actuación de otros mandos que no se sentaron ante el tribunal, «por mucho que tuvieran intervención en las actuaciones policiales que se llevaron a cabo esa noche».

Cuando en 2012 se produjo la muerte de Cabacas, Jorge Aldekoa era responsable de la comisaría de Bilbo. En su escrito de dimisión de 2018, aseguraba que durante el tiempo que estuvo en ese cargo intentó adaptar la respuesta policial en materia de orden público «a lo que se intuía como una nueva realidad que esta vez parecía iba a ser definitiva».

Sin embargo, admitía que «lo acontecido aquel día dejó en evidencia que ninguno de los múltiples actores a los que, en sentido extenso, pudiera responsabilizarse de lo ocurrido, habíamos transitado suficientemente el camino del cambio, repitiéndose el ‘ritual’ de enfrentamiento al que estábamos acostumbrados»

Otras labores actuales

Jorge Aldekoa fue ascendido a jefe de la Ertzaintza en diciembre de 2013 cuando ya había notables sospechas sobre su actuación la noche en la mataron a Iñigo Cabacas.

En la actualidad, además de la asesoría sobre la modernización de la Brigada Móvil, hace seguimiento, entre otros, de programas de investigación, centralización de la gestión de detenciones, desarrollo del CMC Central y de la modificación de la estructura de la Ertzaintza, según la respuesta que ha sido remitida por el Gobierno de Lakua al parlamentario Julen Arzuaga, de EH Bildu.

Toda la defensa de los imputados por la muerte Cabacas la llevó el seguro contratado por Lakua

Cuando al Departamento de Seguridad se le preguntó quién había pagado la defensa de los ertzainas imputados por la muerte de Iñigo Cabacas y del sexto de las costas a las que fue condenado el oficial 3389, Lakua respondió que por ley los miembros de la Ertzaintza tienen «derecho a ser representados y defendidos por profesionales designados por la Administración Pública de la que dependan, y a cargo de ésta, en todas las actuaciones judiciales en que se les exijan responsabilidades por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Y explicaba que tenía contratado un seguro a estos efectos. Sin embargo, los defensores de los imputados no fueron designados por la Administración, sino que todo corrió a cargo de ese seguro. Por ello, no da detalles al Parlamento del coste de los abogados.

La ley también dispone que si la sentencia precisa que las responsabilidades se produjeron contraviniendo las normas, Lakua podrá exigir la devolución del dinero. Pero ahora afirma que como lo paga el seguro, no puede ejercer ese derecho. I.I.