Los tres imputados por la OPE de Osakidetza niegan ante la jueza haber filtrado exámenes

Los tres jefes de servicio de las especialidades médicas investigados por la filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza han negado ante la jueza Yolanda Varona su participación en los hechos que se les imputan.

Los tres jefes de servicio, responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, están imputados por delitos de «infidelidad en la custodia de documentos» y de «revelación de secreto por funcionario público».

La Fiscalía acusa a José Luiz Cabriada, María Reyes Vega y César Augusto, responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, de los delitos de «infidelidad en la custodia de documentos» y de «revelación de secreto por funcionario público».

Los tres han declinado realizar declaraciones ante los medios de comunicación tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción numero 3 de Gasteiz. Los abogados de dos de ellos se han limitado a indicar que todo ha ido «muy bien».

Quien sí ha respondido a las preguntas de los periodistas ha sido Patxi Nicolau, de ESK, que ha explicado ante las cámaras que los tres imputados se han ratificado en las declaraciones que hicieron en su día ante la Fiscalía, «negando su participación en los hechos».

Además, ha señalado que una de las personas investigadas se ha negado a responder a las preguntas de los abogados de ESK y de LAB, sindicatos personados en la causa como acusación popular.

«Entendemos su postura de defensa, no la vamos a criticar, pero creemos que la mejor opción es la colaboración con la Justicia», ha apuntado Nicolau, quien ha insistido en que la investigación «no se puede acotar solo a tres personas».

A este respecto, ha remarcado que ESK espera que el proceso judicial «vaya más allá», en alusión a la posibilidad de que se amplíe el número de imputados. Y ha recordado que ellos cuentan con denuncias anónimas que no pudieron cotejar «de manera fehaciente» en su día.

Ahora esperan poder emplear la documentación recopilada durante la instrucción judicial para contrastar toda la información y aportar nuevos datos a la investigación, un trabajo «largo y laborioso» en palabras de Nicolau, que también se ha referido a la situación de Marta Macho.

Marta Macho

Cabe recordar que ayer, un día después de ratificar su denuncia ante la jueza, Osakidetza comunicó a Macho que rescindiría su contrato a 31 de mayo. El representante sindical ha señalado que no se le dieron «ningún tipo de explicaciones», más allá de que la persona a la que sustituía había cogido una excedencia.

En opinión de ESK se trata de una medida «represiva» que vulnera la normativa interna del Servicio Vasco de Salud, por lo que tienen previsto presentar una reclamación y recurrir a los procedimientos previstos en el seno de Osakidetza para la resolución de conflictos.