El Gobierno de Escocia estudia crear un banco público de inversiones
El Gobierno escocés considera una prioridad para el desarrollo económico la creación de un banco público de inversiones, tarea en la que ha involucrado a expertos internacionales y a la ciudadanía.
Hace unas semanas, la profesora Mariana Mazzucato presentó un informe a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en el que se recogían los criterios sobre los debería basar su funcionamiento el futuro Banco Nacional de Inversiones Escocés. El documento desarrolla lo que se conoce como política orientada a objetivos. A grandes rasgos este tipo de estrategia consiste en plantear un problema o una cuestión general a la que hacer frente y centrarse en ella dejando en un segundo plano todos los demás aspectos. Una vez definido el objetivo, los esfuerzos deben dirigirse a aquellos sectores, labores, actividades o actuaciones que mayor impacto puedan generar en la dirección deseada. Básicamente la política orientada a objetivos consiste en centrarse en lo relevante y no intentar llegar a todo.
De momento, el banco para el que ha desarrollado la estrategia está en fase de proyecto. El Gobierno escocés recogió en su programa de gobierno para los años 2017/2018, el compromiso de crear un banco público de inversiones a largo plazo que ayude a las empresas a crecer y al mismo tiempo permita financiar actuaciones que el Gobierno considere claves para dinamizar la economía hacia un desarrollo al que define con tres características: innovador, inclusivo y bajo en carbono
El Gobierno ha dado varios pasos para la puesta en marcha del banco entre los que el informe encargado a Mazzucato es uno de ellos. Anteriormente, en 2017, el Gobierno lanzó una consulta pública con el fin de desarrollar ese compromiso programático con la implicación de la ciudadanía en su definición. Más de 1.000 respuestas recibió la iniciativa gubernamental, una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta la aridez y lo específico de la temática. Entre las aportaciones había propuestas firmadas por personas individuales, pero también de una campaña impulsada por los Amigos de la Tierra de Escocia, así como otras de organizaciones colegiales y gremiales.
Un pequeño número de aportaciones consideró negativa la idea. Entre las razones expuestas, algunas personas señalaban que un nuevo banco no serviría más que para duplicar estructuras. Otras críticas, más sofisticadas, apuntaban que la presión del nuevo banco podría desplazar la estructura de la actividad financiera actual hacia el largo plazo en detrimento de las necesidades más inmediatas de la economía escocesa. Otros, finalmente, consideraban que un banco público estaría abierto a influencias políticas que le llevarían a tomar malas decisiones y a mantener compañías improductivas. Peligros, por otra parte, que siempre acechan a los proyectos públicos, especialmente cuando el control democrático es débil. No parece que sea el caso de Escocia, vista la amplitud de la implicación de la sociedad en un tema tan abstracto y complejo como es un banco público de inversiones.
La mayoría de las respuestas apoyaron la idea, pero además plantearon un buen número de cuestiones de interés que señalan en gran medida cuál es la filosofía con la que se plantea la creación del banco público de inversiones. Por ejemplo, bastantes aportaciones consideraban que el banco sería una buena oportunidad para terminar con inercias del pasado y para que el Gobierno adoptase una estrategia de inversiones más ética, socialmente justa y medioambientalmente consciente.
Sobre el alcance de la intervención del banco. Muchas respuestas subrayaban que la inversión actual tiene en general un horizonte relativamente cercano que le impide impulsar un crecimiento a largo plazo de la economía. En este sentido, proponían que el futuro banco público provea a pequeñas y medianas empresas de capital a largo plazo («capital paciente» lo denominan) que les permita hacer planes a futuro, invertir, desarrollarse y crecer. La querencia por el largo plazo es una de las cuestiones en las que tanto el Gobierno como la ciudadanía parecen coincidir.
Otras propuestas de la ciudadanía recalcaban la necesidad de que el banco tenga capacidad de actuar por cuenta propia, que no sea un mero intermediario. En este sentido, también insistían en que el mantenimiento del control de las inversiones significa, asimismo, que el banco se mantenga apartado del control del Gobierno.
Algunas aportaciones reclamaban, por último, que el banco de inversiones tenga un amplio rango de áreas de inversión. Las respuestas evidenciaban un fuerte apoyo a que la inversión futura se dirija a mejorar las infraestructuras y a resolver cuestiones sociales, como la vivienda. Asimismo, se proponía que no se olvidaran las pymes y que se incremente la atención a las cuestiones relacionadas con el cambio climático. En este sentido, el informe de Mariana Mazzucato contradice la demanda de que el rango de actuación del banco sea muy amplio. Una política orientada a objetivos enfoca la actividad inversora a aquellas actuaciones que vayan a provocar un mayor efecto en la dirección deseada.
En cuanto a su capacidad para realizar inversiones propias, los participantes en la encuesta señalaban que ha de tener capacidad para acordar con el sector privado y con otros intermediarios financieros modelos de conversión que permitan un apalancamiento extra de capital privado. En este sentido, muchas aportaciones reclamaban que su actividad se centre en aquellos aspectos en los que el mercado falla y no ofrecen financiación, en vez de entrar a competir y replicar las ofertas ya existentes en el mercado financiero. Algo, por otra parte, lógico.
En la misma línea, otro de los aspectos destacados por la ciudadanía fue que, además de su papel como financiador, el banco público debería hacer de consejero y brindar apoyo a los proyectos industriales. Los Amigos de la Tierra señalaban en concreto que debería ser más activo en el fomento de las energías renovables para el desarrollo de las cuales apenas hay intervenciones o financiación.
Otras contribuciones recibidas llamaban también la atención sobre la necesidad de un enfoque regional que tenga en cuenta al conjunto del país y los desequilibrios entre las comarcas de Escocia.
En cuanto a la gobernanza del banco público se planteaba que se diera entrada a un amplio grupo de representantes tanto del sector público como privado, de diferentes industrias y experiencias.
Se propusieron varios modelos: desde el Banco de Inversiones alemán (KfW), pasando por el banco de inversiones nórdico, el banco de desarrollo de Canadá y el British Business Bank. Un análisis de ocho bancos públicos encargado por el Gobierno posteriormente reveló que el diseño depende tanto de los retos como de las oportunidades de financiación a largo plazo, así como del contexto en el que vayan a actuar.