La Fiscalía pide prisión por «terrorismo» para los siete catalanes detenidos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión para siete miembros de los CDR detenidos el lunes tras su comparecencia hoy ante el juez. La ministra de Justicia habla de «acerbo probatorio importante». Les imputan «terrorismo», ya no «rebelión».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido encarcelar a todos los detenidos en la redada de Catalunya. Falta ahora conocer la decisión judicial.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha reclamado al juez instructor, Manuel García Castellón, que envíe a prisión a los siete detenidos; tanto a los cinco que cuentan con asistencia de Alerta Solidària como a los dos que han recurrido a abogado de oficio.
La imputación para ello es de «terrorismo», aunque ya no de «rebelión», que también se achacó desde la Fiscalía en un primer momento. Así lo ha confirmado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sin explicar los motivos.
Desde Valencia, Delgado ha presentado como «pruebas» lo siguiente: «Parece ser que hay intervenciones telefónicas, entradas y registros y material que parecer ser precursor de artefactos explosivos».
Además, ha añadido que «podrían haberse realizado, según se deriva de las publicaciones que se están haciendo, alguna prueba sobre estos artefactos o esta sustancia explosiva y su posible potencia». Y ha concluido que el acervo probatorio «está ahí y es importante».
Entresijos de los interrogatorios y filtraciones
Los siete detenidos están siendo respaldados hoy en Madrid por personas desplazadas desde Catalunya y también por diputados de formaciones como ERC y EH Bildu. «Todo esto forma parte de un relato falso para justificar una sentencia dura», ha dicho la republicana Marta Rosique ante la Audiencia, mirando al horizonte del fallo contra el «procés». Miembros de la CUP han colocado también pancartas ante la Audiencia Nacional, firmadas igualmente por las juventudes de Arran o Alerta Solidaria. La CUP ha dicho que responderán a la redada con «más calle y más desobediencia».
De los siete detenidos, cinco están asesorados jurídicamente por Alerta Solidària y han optado por no declarar ante el Instituto Armado al estar secreta la causa.
Según Europa Press, otros dos arrestados «han decidido desmarcarse de esta estrategia de defensa y solicitar el asesoramiento de un abogado de oficio». Sin embargo, Alerta Solidària ha denunciado que «casualmente se trata de las dos personas que no hemos podido ver y asistir por los obstáculos de la Guardia Civil». Y casualmente, medios de Madrid inciden en que precisamente dos arrestados habrían reconocido parte de los hechos. Todos han sido sometidos a largos interrogatorios.
Entre medio, el diario «El Mundo» asegura que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones a la Guardia Civil por activar esta redada sin aportar toda la información a los responsables políticos. El diario español utiliza el término «abroncar» para definir el modo en que el ministro se habría dirigido a los responsables del instituto armado.