La Mancomunidad Vasca pone límites a las plataformas de alquiler turístico
La Mancomunidad Vasca ha adoptado, durante el primer consejo comunitario del nuevo curso político, una normativa marco que aspira a ser un primer paso cara a abordar la penuria del alquiler. Para ello pondrá cerco a la expansión de las plataformas y, en particular, de Airbnb.
La Mancomunidad Vasca ha adoptado una ordenanza en materia de urbanismo local que, en palabras de Paul Baudry, vicepresidente de la institución y responsable de vivienda, aspira a «dotar a los municipios de un mecanismo para abordar la cuestión del alquiler vía plataformas».
Ello en una situación global de creciente penuria en la oferta de alquileres, que castiga especialmente a los hogares más modestos, y que se convierte en todo un quebradero de cabeza para sectores específicos como los trabajadores temporales o los estudiantes.
La normativa, que para ser aplicada deberá ser ratificada por cada municipio, se basa en un doble criterio, ya que establece, de una parte, una zonificación y, de otra, pone límites al multi-alquiler.
El reglamento, que entrará en vigor en enero de 2020, establece un total de tres zonas. La primera de ellas comprende la «zona de máxima tensión inmobiliaria», la costa labortana, e incluye una veintena de localidades, con Biarritz a la cabeza. En esa «zona roja» cada propietario que opte por la plataforma digital solo podrá ofertar un bien.
En la segunda zona, que integran seis municipios: Baiona, Arrangoitze, Azkaine, Ahetze, Arbona y Basusarri, una misma persona podrá alquilar por esa vía hasta dos bienes.
En la tercera zona (Hiriburu, Jatsu, Mugerre, Lehuntze, Milafranga, Urketa, Biriatu, Uztaritze, Larresoro y Bokale) no se impondrán, de momento, limitaciones a este modo de alquiler.
Más de 9.000 anuncios
Según un estudio correspondiente a 2017, basado en las estadísticas de la web Dataville by Airbnb, la dos primeras zonas sobre las que ha reglamentado la Mancomunidad Vasca son las que registran un aumento sostenido en la oferta de alquileres de corto tiempo.
El estudio, que comprende un total de 24 localidades labortanas, fue realizado entre setiembre de 2016 y setiembre de 2017. En ese periodo se publicaron en Airbnb un total de 9.230 anuncios.
La expansión de esta plataforma preocupa, por su impacto sobre la oferta-demanda de alquileres para personas que viven de manera estable en el territorio.
Plataformas solidarias
En los últimos años se han puesto en marcha dispositivos alternativos como Soliha o Un toit por tous, vinculados a la economía social y solidaria, cara a animar a los propietarios a optar por alquileres para todo el año.
Con todo, los márgenes de beneficio que ofrecen las llamadas plataformas colaborativas siguen atrayendo a los propietarios. En consecuencia, se produce, constatan las agencias inmobiliarias, una reducción de los bienes que se alquilan al año, con el consiguiente aumento de los precios de alquiler.
Ello genera un desequilibrio importante, en un territorio en la que el «turismo estacional» y la llamada «economía residencial» ya tiene, de por sí, una huella muy acusada en el paisaje socioeconómico.
Segregación socio-espacial
Con la proliferación de estos alquileres vía internet no son solo las primeras lineas de playa sino incluso localidades más apartadas de la costa, o de determinados barrios, caso de localidades más pobladas como Baiona o Angelu, los que «corren el riegos de cambiar de aspecto y de perder en diversidad, con lo que se da paso a una especie de segregación socio-espacial».
El diagnóstico de la Mancomunidad Vasca no dista demasiado del que realizan, a escala europea, distintas instituciones locales, bien es cierto que la situación se hace si cabe más sangrante en urbes de gran tamaño y con especial capacidad de atracción turística.
Prueba de ello, el voto de la institución de Iparralde se producía al día siguiente de la primera jornada anti Airbnb, organizada por la Coalición Europea por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad, coincidiendo con la Jornada Internacional del Turismo.