El Gobierno foral muestra su «respeto máximo» a una sentencia criticada por diferentes partidos
El vicepresidente del Ejecutivo foral, Javier Remírez (PSN), ha expresado el «respeto máximo» del Gobierno Chivite hacia la sentencia del Supremo que mantiene en prisión a los siete jóvenes de Altsasu. Dos de sus socios –Geroa Bai y Podemos– han expuesto sus críticas ante la decisión del Alto Tribunal, al igual que EH Bildu.
El Gobierno de Nafarroa, a través de su vicepresidente Javier Remírez (PSN), ha expresado su «respeto máximo» a la sentencia del Tribunal Supremo que mantiene en prisión a siete jóvenes de Altsasu por la trifulca en un bar con dos guardias civiles y sus parejas.
En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en una comisión parlamentaria, Remírez ha realizado un «llamamiento a la convivencia» y ha puntualizado que, ante las diferentes posturas de los socios del Ejecutivo, su partido mostrará «respeto a las mismas».
El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que el Tribunal Supremo «ha hablado» y, por tanto, ahora lo que toca es «respetar y acatar la sentencia. Nosotros siempre hemos mantenido una valoración de respeto hacia las decisiones judiciales».
Alzórriz ha recordado que en el PSN consideraban que este no era un acto de «terrorismo», pero «también hemos dicho en reiteradas ocasiones que tampoco nos parece que sea una pelea de bar».
Su socio Geroa Bai ha resaltado que la sentencia del Supremo «evidencia precisamente la falta de proporcionalidad que ha rodeado desde el inicio este caso, al no reconocer los agravantes de discriminación, ni el de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, sí impuestas por la Audiencia Nacional, así como al suprimir a dos acusados de algunos de los delitos de lesiones por falta de pruebas».
Esta formación apunta que «el Alto Tribunal vuelve a dejar de manifiesto que nunca existió delito de terrorismo», y que por tanto «el caso sin duda debió haber sido juzgado en la Audiencia de Navarra».
«A pesar de producirse una rebaja de las condenas, sigue dándose una clara falta del principio de proporcionalidad porque se siguen confirmando varios años de prisión por unos hechos que en la jurisdicción ordinaria se resuelven con penas sustancialmente menores», concluye Geroa Bai.
El portavoz parlamentario de Podemos Ahal Dugu, Mikel Buil, ha manifestado que «a pesar de las primeras acusaciones interesadas, se ha confirmado que no fue terrorismo y que fue una pelea de bar, por lo que la sentencia es absolutamente desproporcionada y el caso jamás debió salir de Navarra».
Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu, ha criticado que «no se corrige en absoluto el problema de fondo, que es la injusticia de que estos jóvenes, a tres años de los hechos, sigan en prisión. Creemos que no se subsana en absoluto la injusticia ni la desproporción que ha rodeado a este caso desde el primer momento. No tendría que haber ningún tipo de excusa para dejar a estos jóvenes en libertad.
En su opinión, la sentencia del Supremo confirma que el hecho de que «este tema haya sido juzgado en la Audiencia Nacional le ha dotado de una gravedad que, por sí mismos, los hechos no requerían. Se tenía que haber juzgado de otra manera. La instrumentalización mediática y política que algunos sectores han hecho de este tema desde el primer momento nos ha traído a la circunstancia actual».
Siguiendo con la coalición soberanista, Eusko Alkartasuna ha considerado que el Tribunal Supremo «no corrige la injusticia que están viviendo los jóvenes de Altsasu y sus familias. Sigue siendo una sentencia absolutamente desproporcionada con consecuencias terribles en la vida de estos jóvenes».
Por su parte, Sortu ha manifestado que el Tribunal Supremo, «en vez de impartir justicia, se ha dedicado a aplicar unos castigos totalmente desproporcionados para los jóvenes de Altsasu, tomando como base un burdo montaje policial».
A su juicio, quien sale «fortalecida por esta sentencia es la Guardia Civil, en el momento en el que realiza un nuevo despliegue en Catalunya en vísperas del 12 de octubre. Queda claro, pues, que aquí no hay justicia ni para vascos ni para catalanes, ni para las personas que anhelan cambios sociales o democráticos. Y sin justicia, no hay democracia».
El sindicato LAB ha declarado su «apoyo y solidaridad» a los jóvenes y sus familias, y ha subrayado que «la decisión de reducir algo la condena no resta gravedad a la sentencia» porque «solo se podía concebir la absolución».
«Mientras la justicia es flexible y benévola con los ricos, con los poderosos, es castigadora y cruel con la juventud y con las y los trabajadores», añade la central abertzale, para la que «vivimos una involución absolutamente antidemocrática en el Estado español».